Antes de bajarme del autobús, mi amiga me mira el tatuaje y me dice “un día de estos alguien te va a hacer daño”. La marca que me hice en el brazo para siempre dice laissez faire, laissez passer, que en español significa dejar hacer, dejar pasar. Es la frase que utilizan muchos socialistas para hacer la más acérrima crítica al “capitalismo salvaje” pero para mí es la frase que mejor captura el sentido de la libertad.
Por esas cuestiones azarosas de la vida, me tocó nacer en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Un país que está hoy gobernado por Cristina Kirchner, una recononida peronista y defensora de la economía “nacional y popular”. Para ella y su grupo de asesores económicos, hay que incentivar la porducción local, evitar la fuga de divisas y poner trabas y altos aranceles para evitar la importación, especialmente en el rubro tecnológico.
En un artículo publicado ayer en un diario de la Patagonia, informan que se redujo el empleo en la industria de la electrónica en la provincia más austral de la Argentina, Tierra del Fuego. Según un comunicado oficial del gobierno de la provincia, en esa industria hoy en día trabajan 12.961 empelados contra los 16.500 que trabajaban para esta misma fecha un año atrás.
¿Por qué es importante esto? Pues porque a raíz de la ley 19.640, creada durante la dictadura militar en 1972, esta provincia recibe un trato aduanero especial. La provincia pasó de tener 10 mil habitantes a tener más de 140 mil, con la radicación de varias empresas tecnológicas que se vieron beneficiadas por este incentivo —reforzado en 2009 por Kirchner— que las exime de pagar derechos de importación, ganancias e IVA.
Realmente se me hace difícil pensar por donde empezar a explicar esta situación. No sé si lo haré por el absurdo de competir en un área electrónica cuando tenemos cero ventajas comparativas con otras regiones. Esta política se hizo para crear empleos, pero estos empleos no florecieron gracias a la competitividad de la industria, sino a través de políticas artificiales creadas por el gobierno. No solo se desvían fondos públicos hacia esta industria poco competitiva, sino que como consecuencia se obliga al resto de los argentinos a pagar altos precios por productos que no son de última generación.
Las piezas llegan a la Argentina importadas en su mayoría de Asia a través del Puerto de Buenos Aires —dado que muchas veces el Puerto fueguino está sobrecargado— y son transportadas 3.000 kilómetros al sur en camión (dado que las vías del tren están deterioradas).
Además de este percance logístico, contamos con el “impuestazo” contra las importaciones de productos electrónicos, que duplica el impuesto al valor agregado sobre este tipo de bienes, lo cual agudiza el efecto de las licencias restrictivas que rigen para las importaciones.
Pero la realidad es que en Tierra del Fuego no se produce sino que se ensambla. Las empresas compran la materia prima en el exterior y aquí se le agrega unos tornillos, un poco de cinta de embalar, manuales de uso, y el resultado es un celular con una calcomanía que dice que fue hecho en Tierra del Fuego.
Si esta política generara los beneficios que dice generar, ¿por qué la implementamos sólo en esa provincia del sur? ¿por qué no expandir los supuestos beneficios a empresas tecnológicas de todas las provincias? ¿por qué sólo a ciertas industrias?
El secretario de Industria del gobierno de Tierra del Fuego, Juan Ignacio García, expresó que “la tiranía de los consumidores no puede ser la base de la política económica”. ¿Quién es él para decidir por mí donde quiero gastar mi dinero? Cuanta soberbia hipócrita que tienen estos políticos.
Los defensores de la industria nacional ya saldrán a decirme que hay que proteger a las pequeñas empresas que recién comienzan, darles un empujón para que se pongan sólidas y puedan competir de igual a igual en un mercado abierto. ¿Pero no son acaso estos aranceles un impuesto encubierto a los consumidores que terminan subvencionando a empresarios ineficientes con servicios y productos más caros?
Cualquier proyecto que tenga perspectivas de progresar necesita un ambiente abierto, con reglas claras e instituciones republicanas fuertes. Un mercado abierto que deje hacer, encontrará buenos proyectos para financiarlos, especialmente en sus primeras etapas.
El proyecto de Tierra del Fuego será sostenible en el tiempo mientras se mantengan —como viene sucediendo— las altas barreras arancelarias y los subsidios estatales para empresas radicadas allí. Necesitamos crear empleo real, expandir la frontera de producción, y eso jamás podrá hacerse bajo estas políticas económicas.