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EnglishLa Unión Europea (UE) no apoya la industrialización de coca en Bolivia, según informó Nicolaus Hansmann, representante del programa Apoyo al Desarrollo Integral con Coca, durante el taller «La Nueva Cooperación de la Unión Europea en Bolivia», el cual tuvo lugar el fin de semana en la sede de Gobierno.
Durante el evento, Hansmann manifestó que la labor de la Unión Europea está focalizada en auspiciar programas de desarrollo alternativo que no estén relacionados con la coca.
«No apoyamos el procesamiento de la hoja de coca en sí. Aceptamos que productores cultiven coca y toda una región (Yungas, Chapare y Apolo) lo haga, eso no es impedimento para que la UE no actúe con los programas, pero no apoyamos —por ejemplo— a la planta de Villa Fátima (La Paz) donde producen bolsitas de té con stevia”, explicó.
En relación a esto, Hansmann añadió: “Apoyamos la producción de palmito, banano, cacao, café, piña y una amplia gama de otros productos. También financiamos plantas de procesamiento para el banano». Explicó que en 2013 Bolivia exportó 30 millones de cajas de banano a Argentina.
El responsable de la UE comentó en el taller que se están ejecutando en Bolivia siete proyectos para el desarrollo alternativo integral por un monto de €100 millones.
Según la Constitución del 2009, aprobada por referéndum con 61,43% de aprobación, la coca originaria y ancestral es patrimonio cultural y parte del recurso natural de la biodiversidad de Bolivia, además de ser un factor de cohesión social. La ley protege la producción, comercialización e industrialización de la planta de coca.
Bolivia y la producción legal de coca
La producción de coca es legal en este país y se rige por la Ley 1008, que data de 1988. Ésta define a la coca como un producto natural que puede estar en estado silvestre o en cultivos agrícolas, y su historia se remonta a los tiempos precolombinos.
La actividad de cultivo es tradicionalmente lícita cuando se dirige al consumo, para uso medicinal y prácticas de rituales en los pueblos andinos.
La cantidad legal de producción está determinada por el Poder Ejecutivo boliviano, que diferencia arbitrariamente la cantidad de hectáreas legal para el uso que se le da a esta planta en el país. A partir de la aprobación de la Ley 1008, se estableció que el cultivo no podría exceder las 12 mil hectáreas teniendo en cuenta el rendimiento de la tierra en la zona.
El artículo 19 de esta ley dice que “Es responsabilidad del Poder Ejecutivo conocer el origen y destino de la producción de coca así como definir las rutas y medios de transporte para su traslado a los mercados legales de consumo, para lo cual dicho órgano establecerá un sistema de permisos y controles tanto para productores como para transportistas y comerciantes. Toda violación a la presente disposición convertirá a la coca en ilegal y estará sujeta a las sanciones establecidas en la presente ley”.
El representante de la UE dijo que esta ley “quedó obsoleta tras 26 años de vigencia” y que «todavía existen pocos conocimientos detallados de la compleja cadena coca-cocaína; el marco institucional regional es todavía débil y las respuestas financieras y tecnológicas son insuficientes».
Sobre esto mismo, opinó Eugenio Luna, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido político del presidente Morales: “El planteamiento del representante de la Unión Europea era una posición que se puede respetar, pero son ideas de extranjeros que no conocen el tema y eran propuestas pasajeras».
Además de esta ley, Morales consiguió en 2004 —cuando entonces era un líder cocalero— que el gobierno le asignara a su sindicato una parcela extra, lo que llevó el cupo legal a unas 20 mil hectáreas.
Evo Morales y la cruzada por la coca
El primer mandatario boliviano ha manifestado en reiteradas oportunidades frente a las Naciones Unidas los motivos que hacen legal la producción de la hoja de coca y el mascado de la planta, que es una costumbre tradicional en Bolivia reconocida en la nueva Constitución.
El 11 de enero de 2013, Bolivia se reincorporó a la Convención Antidroga de las Naciones Unidas luego de que ésta votara a favor de que el país andino continuase con la política del cultivo de la coca.
“La hoja de coca ha sido penalizada, satanizada y criminalizada a nivel internacional. Los consumidores han sido tachados de narcodependientes y los productores, de narcotraficantes”, explicó Morales.
El ex líder sindical de los cocaleros había manifestado en febrero de este año los usos benéficos de esta planta, incluso para la salud dental. “Hay tantas formas para cuidar la dentadura: Familias y personas que de día y noche consumen la hoja de coca no tienen problemas dentales”.
Según un estudio financiado por la EU —que fue entregado el año pasado por Bolivia luego de tres años de retraso— 3,08 millones de bolivianos consumen la hoja de coca en su estado natural —sobre una población total de 10 millones— y 1,1 millones la mascan.
