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EnglishLa historia de la relación entre el Estado y la Iglesia es tan vasta que ni con varios artículos se podría escribir sobre ella a plenitud. Esa delgada línea que los divide con frecuencia se desdibuja, y hoy, en pleno siglo XXI, tenemos estados que prestan recursos humanos, monetarios y administrativos a una religión en particular. Veremos entonces la relación carnal que existe entre la Iglesia y el Estado en numerosos ejemplos.
Quizás desde el Renacimiento y luego fundamentalmente desde la Ilustración se empezaron a dividir las aguas entre las tareas del Estado y lo que era propio de la Iglesia. Sin embargo, hoy tenemos estados teocráticos, y estados como el argentino que abrazan la religión católica desde el seno de su Constitución Nacional.
La Carta Magna argentina, que data de 1853, ha sufrido varias modificaciones a lo largo de su corta historia, pero desde su Artículo 2, el documento dicta que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.
Si bien rige la libertad de cultos en esta República, se han establecido desde el comienzo normas que daban un trato preferencial a esta religión sobre el resto. Hasta la reforma constitucional de 1994, por ejemplo, el presidente y vicepresidente de la Nación debían ser católicos.
Además, si bien es el Vaticano el que designa los obispos, éste lo hace con la anuencia del Gobierno argentino. Pero no es el único caso en donde el Estado se involucra en asuntos religiosos.
El 16 de abril pasado se dio a conocer la noticia de que el Gobierno Nacional, a través del ministerio de Planificacion liderado por el ultra kirchnerista Julio de Vido, aportará 30 millones de pesos (unos US$3 millones) para la construcción de una catedral en la provincia de Buenos Aires. Esperan que la iglesia pueda ser bendecida por el Papa Francisco en su visita en 2016.
Además de la arbitraria designación de recursos públicos a una religión en particular, en detrimento del resto, los no creyentes o quienes veneran otras religiones deben tolerar los símbolos católicos en edificios públicos, hospitales y tribunales argentinos.
La Ley 21.540 trata la “Asignación a determinados dignatarios pertenecientes al Culto Católico Apostólico Romano”, y tiene vigencia en nuestro país desde el 25 de febrero de 1977, dictada en plena dictadura militar.
La ley asigna una jubilación de privilegio para obispos y arzobispos que es “mensual y vitalicia, equivalente al 70% de la remuneración fijada al cargo de Juez Nacional de Primera Instancia”.
Es decir, que judíos, cristianos, ateos, agnósticos, musulmanes, los que pertenecen a la Iglesia de Maradona y otros tantos cultos más, colaboran con sus impuestos para financiar la jubilación de los líderes católicos apostólicos romanos.
Otra ley interesante forjada con el acero militar es la Ley 22.162, que otorga a los curas párrocos que viven en zonas fronterizas una asignación mensual; para esto se toman recursos de las Rentas Generales.
También es esencial recordar que todos los argentinos contribuyen a pagar el salario de los clérigos que dan clases en los Seminarios Mayores, y además, a través del decreto 1991 de 1980, el Estado cubre el costo de los pasajes aéreos a los sacerdotes católicos que viajen al exterior o dentro del territorio nacional. Todo esto además de los subsidios que paga el Estado nacional y provincial a las escuelas parroquiales.
En su sitio web, la secretaría de Culto expresa: “El Estado argentino respeta y promueve ampliamente los Derechos Humanos, entre los cuales, constitucionalmente y por medio de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, garantiza el de la libertad religiosa, en el marco de una relación de autonomía y cooperación con las iglesias y confesiones religiosas, y dentro de los principios de pluralidad, inclusión y convivencia”.
Yo me pregunto, ¿tiene sentido que la secretaría de Culto “promueva la libertad de cultos” negando la igualdad ante la ley? ¿No sería más lógico que cada persona venerase su religión como considerase adecuado pero sin privilegios?
El Estado tiene dos opciones: O apoya a todas las religiones por igual, lo cual sería un absurdo —ya que surgiría una nueva religión por día, total, ¿quién es el Estado para prohibirla?— o, y aquí encontrarán mi posición, eliminamos la secretaría de Culto y toda contribución oficial hacia las religiones u otras organizaciones de fe y terminamos de aceptar de una vez por todas que la religión es un tema estrictamente personal en el cual el Estado no tiene por qué interferir.
Además, ¿no lo dice acaso la Biblia? “Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios” (Mc 12,17).
