English Version
Si eres extranjero y caminas por el centro de la ciudad de Buenos Aires, puede que te sorprendas y no entiendas algo que para los porteños se convirtió en moneda corriente. Estoy hablando de los papelitos pegados en los containers de basura, las paradas de colectivos, entradas del metro y postes de luz. Estos papelitos pegados ilegalmente ofrecen servicios sexuales. En este submundo argentino los “masajes” son sinónimos de oferta de servicios sexuales, y la pegatina ilegal se convirtió en sinónimo de grandes polémicas y discusiones.
Si bien la prostitución está hoy despenalizada en la Argentina, existen restricciones sobre en dónde se puede ejercer (por ejemplo, no puede ejercerse a 200 metros de escuelas, templos, etc.), y está prohibido el proxenetismo. Por supuesto, los funcionarios decidieron también prohibir la publicidad de este oficio. A raíz del decreto 936, publicado en el Boletín Oficial en 2011, se hizo ilegal publicitar todo lo relacionado a ofertas sexuales, con el argumento político de que esto sería parte de la solución para terminar con el crimen de la trata de personas.
Según un informe publicado esta semana por la agencia oficial de noticias Télam, después de ese decreto el 86% de los medios gráficos dejó de publicar avisos de oferta sexual. Chantal Stevens, coordinadora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, le comentó a la agencia argentina: “Estamos tratando de convencer a los diarios que aún no logran o no tienen interés en comprender lo que generan para que se sumen a nuestra lucha contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas”.
Una vez más, se busca a través de la demagogia política y de la prohibición combatir el crimen de la trata, tan complejo como aberrante. Pero caen en un error garrafal. Confunden el crimen de la trata con la prostitución. No porque algo pase a la clandestinidad va a desaparecer. Al contrario, la experiencia marca que cuando algo está prohibido, ese servicio pasa a estar manejado por las grandes mafias que trabajan con sus propias reglas y con sus propios sistemas de justicia y promoción.
El periodista Adam Dubove explica muy bien en una columna publicada en 2012 que “la decisión de penar una actividad cuando prima el consentimiento de dos adultos es legislar y regular la moralidad”. La constitución argentina protege las acciones privadas de las personas que no perjudiquen a un tercero, al declararlas exentas de la autoridad de los magistrados. La contratación de servicios de prostitución, siempre y cuando hablemos de dos adultos que consienten, jamás debe ser penada, y estos servicios deberían poder ofrecerse como cualquier otro en el mercado (por supuesto, teniendo en cuenta los medios para que esa información no esté al alcance de los menores de edad).
La polémica sucedió luego de la proliferación excesiva de estas pegatinas en el centro de la ciudad. Por un lado, se encuentra el grupo Acción Ciudadana que lleva a cabo la campaña “Despegalo”, que tiene por objetivo despegar las pegatinas y en cuya página web se lee que están “contra la difusión en la vía pública de la trata de personas”. Invitan a la ciudadanía a despegar los papelitos en la calle, pensando, ilusamente, que ayudarán a acabar con la prostitución.
En el mismo sitio publican una columna de opinión de Fernando Mao –Coordinador nacional de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT)– quien ya desde el título de su publicación nos muestra que confunde trata con oferta sexual. “Yo no pago porque no quiero ser cómplice de la explotación de un ser humano”.
Si bien hay mujeres que se sienten explotadas y forzadas comerciar con su cuerpo para poder vivir, hay mujeres que deciden ejercer este trabajo voluntariamente. Este es el caso de las trabajadores sexuales de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar). En su sitio web explican que ellas ejercen este trabajo por consentimiento propio y de manera autónoma.
Su objetivo, explican, es, a diferencia de la acción de Desp[egalo, “sensibilizar sobre la diferencia entre Trabajo Sexual y la Trata o Tráfico de personas, de nada sirven las políticas de lucha contra la Trata que equivocadamente generan mayor persecución y abuso contra nosotras: Trabajadoras autónomas, con consentimiento propio y adultas”.
Esta asociación lucha “fundamentalmente por la libertad de trabajo”. Una miembro de esta asociación, Georgina Orellano, manifestó en una entrevista: “Nosotras somos mayores de edad y hemos optado por ejercer la prostitución”.
Mal que les pese a varios, la prostitución no implica trata de personas, pero una prohibición de la publicidad de los servicios sexuales puede llevar a abrir una ventana de clandestinidad. Y la clandestinidad siempre puede aumentar el campo de acción de los criminales que manejan el negocio de la trata de personas, al despojar a las prostitutas de un marco legal y condiciones básicas necesarias para ofrecer sus servicios.
