EnglishEl gobierno de la presidente Kirchner extendió por tres meses más a través de un decreto el blanqueo de capitales, una política que tiene vigencia desde julio de 2013 para lograr repatriar divisas que se encuentran depositadas en el extranjero.
Justificó a través del Boletín Oficial que se trata de una prórroga para que “una mayor cantidad de sujetos interesados puedan exteriorizar sus tenencias y acogerse a los beneficios dispuestos en la Ley Nº 26.860”.
El blanqueo de capitales, como se la llamó en el Congreso, tenía como objetivo recaudar en sus primeros tres meses US$4000 millones pero sólo logró atraer hasta el día de hoy US$754 millones, un 18,8% de la aspiración inicial del Gobierno, cuando exhortó al Congreso Nacional su aprobación inmediata.
Se buscaba que, ingresando dólares del exterior, la persona pudiera declararlos voluntariamente y así regularizar su situación frente al fisco. Por otro lado, el gobierno buscaba emplear recursos ociosos (ociosos para el Estado, no para el ahorrista) para financiar inversiones productivas y sociales que permitan la inclusión de varios sectores de la sociedad.

En una economía que detenta una inflación oficial mensual de 3,4% y con un cepo al dólar para el ahorro, el gobierno argentino buscó seducir a los ahorristas con la Ley Nº 26.860, que permite tener cuentas en el exterior y no especificar el origen de los fondos, sin sufrir penalidades y no tener que actualizar el pago de impuestos.
Para esta repatriación, el ahorrista deberá optar por la suscripción de dos instrumentos inventados por el ministerio de Economía, ambos cotizados a precio de dólar oficial: el Certificado de Depósito para Inversión (Cedin) y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético (Baade).
El artículo 2 de esta ley así lo detalla: “Autorízase al Banco Central de la República Argentina a emitir el ‘Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN)’, en dólares estadounidenses, el que será nominativo y endosable, constituyendo por sí mismo un medio idóneo para la cancelación de obligaciones de dar sumas de dinero en dólares estadounidenses y cuyas condiciones financieras serán establecidas por normativa del Banco Central de la República Argentina”.
Los Cedin funcionan como un medio de inversión para reactivar el sector inmueble y de la construcción, ambos afectados profundamente por el cepo cambiario. Por el otro lado, los Baade, fueron pensados para financiar obras en el sector energético (sin inversión hace años, y principal problema del gobierno en sus finanzas públicas) con especial foco en inversiones a la petrolera estatizada YPF y a su yacimiento en Vaca Muerta.
El fracaso del blanqueo de capitales
El abogado y analista financiero, Carlos Maslatón explica que hay varias razones para entender este monumental fracaso del gobierno de Cristina Kirchner. En primer lugar, le comenta a PanAm Post, la medida “fue realizada por Moreno (ex secretario de Comercio) en su peor momento (con el dólar paralelo disparado) y no generó credibilidad”.
Agrega que otra de las causas del fracaso del Cedin hasta ahora pudo haber sido que los diputados opositores alegaron que no van a aceptarlos cuando se termine el mandato kirchnerista. Por último, explica Maslatón, que si uno transfiere desde cuenta bancaria no declarada desde el exterior, debe reportar toda su historia de movimientos.
Esta será la tercer prórroga que realiza el poder ejecutivo para poder extender la política de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera. Continuarán utilizando los mismos instrumentos económicos que no funcionaron en septiembre ni en diciembre y, como auguran algunos expertos, ahora tampoco lo harán en abril. Recién se habían recaudado en diciembre US$570 millones.
Jorge Oviedo, periodista del diario La Nación publicaba la siguiente reflexión: “El gobierno que no permite ahorrar en dólares pidió a quienes los tienen que los entreguen a cambio de un certificado de depósito. ¿Había algún motivo para desconfiar? Muchos. El primero, que la misma administración ya había roto muchas promesas”.
El mismísimo ministro de Economía explicó que con esta medida se busca atraer dólares al país para volcarlos al circuito productivo. Pero, como advirtió el analista económico de la Fundación Libertad y Progreso de Argentina, Iván Carrino en el diario El Cronista, antes de que finalizara el primer plazo, sólo unos pocos aventurados harían tal cosa. En palabras del Carrino, “¿quién va a estar dispuesto a volcar sus ahorros en el circuito legal cuando ya logró lo que quería que era, precisamente, alejarlos lo más posible?”.