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EnglishEste sábado la Asamblea cubana prevé adecuar el marco legal para incentivar y asegurar la inversión extranjera en la isla. Según las declaraciones de la experta y directora general de Inversión del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Déborah Rivas, esta ley responde a los “cambios que tienen lugar en la economía regional como consecuencia de la actualización del modelo económico”.
Según la información suministrada por el diario oficial Granma, la propuesta legislativa tiene como propósito elevar las tasas de crecimiento de la economía y de acumulación (fondos para la inversión), que “posibilitarán acelerar el desarrollo del socialismo próspero y sostenible”.
Hasta el día de hoy, las inversiones en Cuba dependen de la ley sancionada en 1995, que se encarga de regular a los inversionistas extranjeros al limitar la propiedad a un 49%, mientras que el 51% restante pertenece al Estado. La ley actual pide un impuesto de un 30% de las ganancias y un 20% de la mano de obra, además de impuestos y tarifas sobre ingresos personales y otra media docena de categorías.
En un encuentro con los medios de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), el presidente de la comisión de Asuntos constitucionales y jurídicos de la Asamblea Nacional, José Luis Toledo Santander, informó los puntos principales de esta reforma, la cual ya se viene debatiendo en cinco diferentes encuentros regionales.
Qué dice la ley
Establece elementos sustantivos como las garantías que se conceden a los inversionistas extranjeros y a sus inversiones, los sectores destinatarios de éstas, las formas que estas empresas puedan adoptar (mixta, contrato de asociación económica internacional y empresa de capital totalmente extranjero), y las inversiones en bienes inmuebles.
Otro aspecto previsto por la propuesta es que delimitará aspectos como los aportes, la negociación y autorización de la inversión extranjera, y los regímenes establecidos en los ámbitos bancario, de exportación e importación, laboral, especial de tributación, de las reservas y seguros, de registro e información financiera y de solución de conflictos. También tiene previsto permitir inversiones de cubanos que vivan en el exterior.
Sin embargo, el proyecto concreta un artículo sobre las acciones de control establecidas en la legislación vigente que data de 1995 y otro que enmarca la inversión extranjera en el desarrollo sostenible de la nación. Atiende la conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales.
En una entrevista con Granma, Santander afirmó que este proceso se realiza sin que Cuba renuncie a su soberanía y al sistema político social escogido: el socialismo. Agregó que: “Esta nueva Ley permitirá orientar mejor la inversión extranjera de modo que responda a los mejores intereses del desarrollo nacional, pero no hay concesiones ni retrocesos”.
Según otro diario oficial Juventud Rebelde, la ley propone agresivas rebajas fiscales y ofrece protección legal para los inversores extranjeros. “Aplicaría (…) un tipo impositivo del 15 por ciento sobre la utilidad neta imponible”. Asimismo, según artículos en las revistas con sede en Miami, Estados Unidos, OnCuba y Progreso Semana la propuesta reducirá las regulaciones bancarias, y permite a los inversionistas importar y exportar suministros de forma directa, que ahora es una función exclusiva de las empresas estatales.
Esta ley se inscribe frente al contexto mundial de Cuba como una de las cinco economías menos libres del mundo junto con Corea del Norte, Zimbabwe, Venezuela y Eritrea según el Indice de Libertad económica 2014 de la Fundación Heritage.
Lo que la ley no permite
Como explica la agencia Reuters que pudo tener acceso a una copia del borrador, la nueva resolución limitaría los incentivos impositivos solo a aquellas empresas mixtas, dejando de lado a las compañías de capital totalmente extranjero. La ley no contempla inversiones de individuos cubanos en la isla y toda inversión en Cuba seguirá necesitando la aprobación del Gobierno.
También prevé que se continúe con la contratación de agencias estatales para que lidien con los empleados cubanos en términos de contrataciones laborales. La diferencia es, según Juventud Rebelde, que ahora estas agencias intermediarias no buscarán ganar dinero, lo que permitirá a los trabajadores cubanos recibir más dinero y les será menos difícil negociar sus salarios.
Con respecto a esta declaración, Michel Ibarra, cubano exiliado en la Argentina, asegura que este tipo de negociaciones serán solo para favorecer a empresarios comunistas. “Habrá gente que ganará más, pero porque les pagarán un extra en negro, y por lo general serán profesionales muy calificados. El resto de los trabajadores no ganará tanto, el poder adquisitivo seguirá siendo bajo, y las inversiones serán mayormente orientadas a la exportación”.
Ibarra concluye afirmando que esta nueva política “va a enriquecer a un montón de empresarios comunistas, sobre todo a empresas estatales de las Fuerzas Armadas, pero no es el gran salto al capitalismo que la gente piensa”.
A pesar del optimismo que contagian los funcionarios del Estado cubano, expertos como José Azel también advierten sobre los riesgos de hacer inversiones en la isla y los detalles de la política cubana.
Azel, escritor y profesor senior en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami, comenta: “La corrupción oficial en Cuba es un problema serio, con una cultura de ilegalidad en una economía ampliamente controlada por el Estado en un país donde hay muy poco respeto por el Estado de derecho”.
Asegura que las empresas americanas “particularmente si cotizan en bolsa y están sujetas a una miríada de regulaciones anticorrupción y transparencia, advertirán que es casi imposible operar legalmente en tal entorno de corrupción sistémica y endémica”.
Otro escéptico con respecto a los beneficios de esta reforma es Karel Becerra Hernandez, cubano y Secretario de Relaciones Internacionales de Cuba Independiente y Democratica (CID). Becerra explica que el Estado cubano quiere tener “todo bajo control para tomar oxígeno y apretar nuevamente”. Esta “supuesta reforma” se está esperando hace más de dos años ya que, según él, este tipo de políticas se dan cada 12 años con las grandes crisis (1980, 1992, 2014).
