En las vísperas del 1 de mayo, sería bueno recordar los inicios, la evolución, y reciente involución del proceso de conquistas de derechos por parte de los trabajadores venezolanos, que se inician en 1936 con dos eventos casi simultáneos. El primero, la promulgación de la Ley del Trabajo el 16 de julio, instrumento que para su momento era de los más avanzados del continente, habiendo sido redactado con la participación de la Organización Internacional del Trabajo-OIT. El segundo, la huelga petrolera que estalla el 14 de diciembre, y que marca el inicio de los movimientos sindicales venezolanos. Es importante señalar que en ninguno de los dos casos se menciona un salario mínimo nacional.
Durante las cuatro décadas subsiguientes, las de mayor crecimiento de le economía venezolana, tampoco existió la figura de un salario mínimo fijado por el gobierno. Los aumentos y demás mejoras laborales venían dadas, como sucede en una economía sana y próspera, por la contratación colectiva en cada centro de trabajo, o en algunos casos como la construcción, por ramo de industria. No es hasta el 31 de mayo de 1974, en un decreto-ley producto de una “ley habilitante” que el primer gobierno de Carlos Andrés Perez fija un salario mínimo en 15 bolívares diarios, 450 bolívares por mes equivalentes a 104,65 dólares de la época; que en términos de dólares de 2019 esta por el orden de 400 mensuales dólares. A partir de ese momento, y sobre todo cuando el crecimiento empieza decelerarse y eventualmente estancarse en los años 1980, la fijación del salario mínimo se vuelve un punto álgido en las relaciones institucionales gobierno-empresariado-sindicalismo.
Entre 1974 y 1998 hubo 13 aumentos del salario mínimo, llevándolo a 100,000 bolívares. Durante la administración Chávez se adoptó la modalidad de fijación anual del salario mínimo, haciendo esfuerzos por mantener el poder adquisitivo ante una inflación galopante, estrategia hecha posible gracias a una bonanza petrolera que permitía hacerlo aún en el contexto de políticas económicas erradas. Es a partir del 2014, con la negativa del nuevo gobierno a tomar las medidas de ajuste necesarias para reordenar la economía, que el salario mínimo inicia la ruta hacia su implosión.
A partir de ese momento, el equipo económico del gobierno se empeña en creer que podían generar ingresos de la nada mediante la impresión de dinero sin respaldo, haciendo caso omiso al hecho que eso tenía nefastas consecuencias que eran inevitables. El resultado de esos desaciertos ha sido una reducción progresiva y cada vez más acelerada del salario mínimo real, que lo ha llevado a niveles viles desconocidos en cualquier parte del planeta.
Para el momento previo a los ajustes de agosto pasado, ya el salario mínimo estaba en unos 7 dólares por mes calculado a dólar libre. Con el ajuste se pretendió llevarlo al nivel de 30 dólares, pero de paso reduciendo todas las escalas por merito en la administración pública y empresas del estado a un tope máximo de dos y medio salarios mínimos. Para esta víspera del 1 de mayo, escasos ocho meses después, y a tasa Dicom, luego de varios aumentos nominales, el salario mínimo no llega a 3,50 dólares al mes, es decir, ¡unos escasos 0,12 centavos de dólar diarios!
¿Qué sucederá la víspera del 1 de mayo cuando Miraflores haga sus anuncios? La única certeza es que Los trabajadores esperan con trepidación y temor ese momento porque saben que en este modelo anticapitalista, caótico, inflexible e ineptamente hiperinflacionario, ya se prendieron las imprentas, y lo que les vaya a llegar a sus cuentas seguramente hará parecer que los 3,50 dólares que hoy perciben son un tremendo sueldo.
Triste final para una larga senda ascendente de conquistas que lamentablemente se revirtió reduciendo la remuneración a cifras insignificantes en manos de los arquitectos del socialismo del siglo XXI.