Luego de varios meses desojando la margarita, el Gobierno de Venezuela se ha demorado otro mes más en tomar una medida tímida de despenalización del cambio libre o paralelo, por la vía tortuosa de un “decreto-ley” sancionado por la ANC y el TSJ, cuando un simple convenio cambiario entre el Ejecutivo y el BCV hubiera sido suficiente para corregir el entuerto que 15 años de cambios diferenciales controlados le han producido a la economía nacional.
La medida tomada ha generado más interrogantes y dudas que respuestas en cuanto a qué es lo que significa en concreto. El día después de la publicación en gaceta, el Banco Central continuaba con los simulacros de subastas denominadas Dicom, en los que ese ente se limita a informar cuál es la tasa mínima a la que se cruzó una que otra minúscula operación entre entes públicos, sin decirle la verdad a los agentes económicos, en cuanto al promedio al que se efectúan las operaciones, o la cota máxima de estas que todos sospechan que es a la cual se fija otro engendro gubernamental: la tasa Dicom remesas.
No puede uno menos que preguntarse el porqué de ese lento ritmo de avance hacia algo que todo el mundo sabe que es inevitable: una reforma monetaria que de una vez y por todas libere a la economía de ese asfixiante cepo que la ha sumido en la hiperinflación más grave que recuerde el continente americano. En lo único que parece haber acuerdo hacia adentro del gabinete económico y el “alto Gobierno”, es en mantener firme la instrucción al BCV de continuar produciendo dinero electrónico sin respaldo a un ritmo exponencial: para la semana del 27 de julio, según informa la propia autoridad monetaria, el aumento de liquidez virtual era del 12 % intersemanal, 61 % intermensual y 10.500 % interanual.
Pero mientras más imprime menos tiene el Gobierno para gastar en términos de valor constante y se aproxima a tener prácticamente cero, ahora por dos vías: por la pulverización del valor del bolívar con dale que te dale a la maquinita del BCV y, por si fuera poco, con la exención de impuestos sobre la renta para 2018, nada menos que a la industria petrolera. En ese estado de cosas solo parecen quedarle tres vías para arbitrar ingresos reales: el aumento del precio de los combustibles, sincerar los precios de los servicios públicos y reprivatizar empresas estatizadas como CANTV, SIDOR, las cementeras, entre otras, con la esperanza de que alguien esté dispuesto a pagar por adelantado una parte de lo que algún día valían antes de ser mal administradas por años en manos públicas.
Pero el margen de maniobra se va reduciendo, y el no enfrentar el colapso con un plan coherente en la secuencia correcta, implementado con rapidez y ampliamente explicado en sus detalles a la población, no es algo que esperará para siempre a que las distintas facciones de la coalición gobernante decidan ponerse de acuerdo para apoyar lo inevitable.
Algunos analistas ven las cifras y así como hace unos meses nos decían que “todavía” no estábamos en hiperinflación, la nueva verdad revelada es que, ahora que estamos en ella, esta situación puede continuar por muchos meses más sin que haya consecuencias colaterales.
Esa forma de ver la situación pareciera darle al Gobierno un margen de tiempo para seguir haciendo las cosas mal e implementando los cambios de manera glacial sin que eso lleve a un punto de quiebre. Es posible que tengan razón, pero por definición un fenómeno como el que estamos padeciendo, un desquiciamiento exponencial de las variables económicas y los precios relativos, no es proclive a resolverse con pañitos calientes, medidas aisladas o programas “graduales”, por lo que pareciera que estamos cerca del momento en que una reforma integral, veloz y profunda será poco menos que inevitable.