Diferida audiencia de jóvenes del campamento de la ONU http://t.co/qCzXTF6T78 pic.twitter.com/JoO2Cs6y57
— Juan Requesens (@JuanRequesens) July 23, 2014
English“Si no tenemos una respuesta, me voy a encadenar. Donde me escuchen, allá voy” manifestó a El Nacional Damelis Veracierta, madre de uno de los siete estudiantes venezolanos que tenían previsto enfrentar su audiencia preliminar este martes, tras casi tres meses de encarcelamiento sin cargos, ni juicio.
Luego de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se negara a trasladar a los jóvenes detenidos al Palacio de Justicia en Caracas, se difirió su audiencia para el 29 de julio a las 9:00 am. Los padres, como Veracierta, han decidido pernoctar en señal de protesta frente a la sede en esa ciudad del Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tal y como lo hacían sus hijos cuando fueron detenidos.
“Ellos [los padres] también son parte de este conflicto, te podrás imaginar lo que puede sentir un padre cuando le llegan noticias sobre su hijo, o peor, cuando no le llegan”, comentó al PanAm Post el dirigente estudiantil Juan Requesens.
Los padres d los estudiantes detenidos en vigilia desde anoche en protesta por la liberación de sus hijos @CNN pic.twitter.com/EiUpVKfzqf
— GEOMAR J RESPLANDOR VERACIERTA (@geomaresplandor) July 23, 2014
Ángel Contreras, Gerardo Resplandor, Gerardo Carrero, Abril Tovar, Nixon Leal, Anderson Briceño y Dioris Albarrán, son siete de los 30 estudiantes detenidos el 8 de mayo pasado tras el allanamiento y desmantelamiento al campamento que tenían instalado frente a las oficinas del PNUD para exigir que una comisión de las Naciones Unidas evalúe la situación de violación de derechos humanos que se vive en Venezuela.
“Ayer el Gobierno se dio el tupé de no presentar a nuestros compañeros que tenían su caso pendiente. El Gobierno vuelve a mostrar la cara inhumana”, comentó Requesens. “No es solo una violación a los derechos humanos, sino una arbitrariedad absoluta… cada vez el Gobierno muestra más su cara arbitraria, militarista y autoritaria”, agregó el dirigente de la Universidad Central de Venezuela.
Familiares y amigos de los detenidos esperaban desde temprano en las inmediaciones del Palacio de Justicia, pero al conocer el diferimiento se trasladaron a la sede del SEBIN.
La madre de Ángel Contreras, Katiuska Ravelo, señaló que fueron a pedir explicaciones, pero no la quisieron atender. “El tribunal emitió dos órdenes de traslado, una a las 7:00 am. y otra a las 10:00 am., y ellos no llevaron a los muchachos al Palacio de Justicia”, señaló la madre.
Gaby Arellano, coordinadora del Frente Universitario de Voluntad Popular, hizo un llamado a los fiscales y jueces que trabajan en el caso. “Tienen la oportunidad de reivindicar la justicia en este país y no seguir actuando como simples sicarios políticos de las decisiones que emana el Partido Socialista Unido de Venezuela”. “Queremos justicia, libertad plena para todos los compañeros que estaban en los campamentos. Nos negamos a pensar que todos los jueces siguen órdenes del partido de gobierno”, agregó.
Hoy volvimos a ver una atrocidad Judicial, los tribunales dieron la orden de traslado a nuestros compañeros y el director del Sebin lo burlo
— Gaby Arellano (@gabyarellanoVE) July 23, 2014
Por su parte, Carlos Vargas, dirigente estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), reiteró que todos los jóvenes continuarán en la lucha por el futuro del país y el rescate de la democracia. “Hoy nos encontramos indignados que en Venezuela se irrespeten tanto los principios democráticos que rigen a nuestra república”. “Somos víctimas de una violación flagrante a los derechos humanos y seguiremos en resistencia pacífica”, agregó.
Desde mediados de marzo grupos de jóvenes acampaban en distintas zonas de la capital como forma de protesta y presión ante la crisis que atraviesa el país.
En el mes de febrero los dirigentes opositores Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, junto a los estudiantes, encabezaron protestas pacíficas como consecuencia de la inseguridad, el alto nivel de inflación y la escasez de productos básicos.
“La Salida”, como es conocida la iniciativa, dio paso a una serie de protestas estudiantiles —algunas violentas— a las que el régimen a respondió con represión. Perdieron la vida 43 personas y 878 resultaron heridas. De acuerdo con el Foro Penal venezolano, ha habido un total de 3.220 detenidos, de los cuales 233 son menores de edad.
El día de hoy inicia el juicio de Leopoldo López, quien podría pasar hasta 10 años en prisión si es hallado culpable de incitar a la violencia en esta serie de protestas antigubernamentales.
La defensa de López solicitó la semana pasada el aplazamiento del juicio tras denunciar que no han aceptado las pruebas que presentó. Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de López, advirtió que no se está llevando a cabo un juicio justo, ya que se están violentando las garantías legales mínimas que deben de cumplirse.