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La oposición venezolana se esfuerza por poner en marcha un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Las argucias del Estado venezolano han impedido que la oposición ejerza su derecho a revocar al presidente. ¿Ha habido experiencias similares en América Latina? ¿Queda bien librado Nicolás Maduro con respecto a otros líderes que han enfrentado la posibilidad de un revocatorio? El PanAm Post le cuenta semejanzas y diferencias del plebiscito chileno de 1988 con los procesos revocatorios venezolanos.
La dictadura chilena y el plebiscito de 1988
Durante más de diez años, Chile vivió la dictadura de Pinochet (1973 a 1989). El régimen militar chileno reprimió violentamente a sus rivales políticos, incluyendo la tortura y la desaparición.
Hacia finales de la década de los ochenta, el colapso comunista y la democratización en América Latina ponen el riesgo la continuidad de la dictadura. Sumado a esto, la Constitución redactada por el régimen dictatorial incluía que en 1988 se preguntaría al pueblo chileno sobre la continuidad del gobierno militar. En este proceso electoral se preguntó a los chilenos si estaban de acuerdo con la continuidad de Pinochet en el Ejecutivo.
Quienes apoyaran el «sí» aprobarían la continuidad del gobierno militar. Quienes votaran «no» respaldarían la celebración de elecciones presidenciales. Los partidos políticos legalizados mediante la ley 18 603 de 1987—ley que permitió crear partidos en Chile, salvo movimientos políticos «contrarios a la ley», es decir, comunistas— pudieron apoyar una de las dos opciones. Entre quienes respaldaron la opción del «no» estaban casi todos los partidos de izquierda, partidos de centro como el Partido Cristiano Democráta, así como algunos miembros de la derecha como Sebastián Piñera, quien años después sería presidente de Chile.
Por primera vez desde el golpe de 1973, la oposición pudo exponer sus posturas en televisión. Sin embargo, el gobierno militar censuró algunas propagandas del «no». A pesar del poder ejercido por el aparato militar, cerca de 55 % de los chilenos votó contra la dictadura.
El gobierno de Pinochet no tuvo otra opción más que aceptar los resultados. Un año después, Chile celebraría elecciones libres y democráticas. Sin embargo, Pinochet conservó privilegios como mantener la Comandancia en Jefe de las Fuerzas Armadas, y posteriormente, obtener un escaño vitalicio en el legislativo chileno sin ser elegido.
El referendo revocatorio venezolano de 2004
Una de las promesas electorales de Hugo Chávez como candidato presidencial en 1998 fue la redacción de una nueva Constitución. El artículo 72 de la Constitución de Venezuela establece que todos los cargos de elección popular son revocables. El mencionado artículo permite la convocatoria a un referendo revocatorio una vez transcurra la mitad del período para el cual el funcionario es elegido.
La politización de la burocracia de la petrolera estatal (PDVSA) por parte del gobierno Chávez conllevó a masivos despidos en 2002. La situación política se agravó cuando algunos miembros del Ejército venezolano apoyaron un golpe de Estado. Luego del intento de golpe de abril, la sociedad venezolana se polarizó aún más. El paro petrolero continuó y Chávez radicalizó su discurso y politizó aún más la burocracia.
La oposición continuó promoviendo la remoción del gobierno bolivariano. Invocando el contenido del artículo 72 de la Constitución, la oposición recolectó firmas en 2003 y las entregó a la autoridad electoral. No obstante, el Consejo Nacional Electoral invalidó las firmas pues consideró que éstas habían sido recogidas antes de que se cumpliera la mitad del mandato de Chávez.
En octubre de 2003, la oposición y organizaciones civiles como Súmate volvieron a recolectar firmas. Su misión era la de recoger 20 % de las firmas del total de los inscritos en el registro electoral, lo que sumaba cerca de 2.4 millones de firmas.
A pesar de todas las trabas legales interpuestas por las instituciones chavistas, el referendo fue llevado a cabo. Entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter supervisaron las elecciones. Chávez resultó reelecto con cerca de 59 % de los votos.
Es difícil predecir cómo habría actuado el líder venezolano si hubiese sido derrotado. Hugo Chávez sólo fue derrotado en una elección, en el referendo para la reforma de la Constitución de 2007. En aquella ocasión aseguró que la victoria de la oposición era nimia e intentó de nuevo, en 2009, reformar la Constitución.
En todo caso, lo que sí sabemos es cómo reaccionó Chávez tras vencer el referendo revocatorio. Organizaciones de Derechos Humanos aseguran que el gobierno venezolano usó las listas de firmantes para politizar la burocracia. La llamada «Lista Tascón» sirvió para purgar la administración pública e impedir la asignación de contratos estatales a los rivales del régimen.
¿El referendo revocatorio de Maduro?
Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro fue electo presidente de Venezuela. Las consecuencias del estatismo, del centralismo y de la politización de la administración se hacen aún más evidentes. En diciembre de 2015, el chavismo recibe una contundente derrota y pierde la mayoría en la Asamblea Nacional.
En 2016 la oposición busca retomar el camino de 2004. El bloque opositor busca recoger firmas para revocar el mandato de Maduro. Pero cuando decide hacerlo, las instituciones dominadas por el chavismo intentan impedirlo.
A comienzos de 2016, la oposición venezolana comenzó a recoger el 1 % de las firmas de los electores venezolanos: 400.000 firmas. En agosto del mismo año, las firmas fueron presentadas ante el Consejo Nacional Electoral. La institución venezolana validó algunas de las firmas presentadas, aunque invalidó algunas firmas, incluida la del líder opositor Capriles Radonski.
Posteriormente, la misión de la oposición sería la de recolectar el 20 % firmas del total de los inscritos en el registro nacional. Sin embargo, las argucias de los abogados del régimen llevaron a un cambio de reglas. Ahora, la oposición debía recoger el 20 % de las firmas en cada estado venezolano.
El CNE aseguró que no era posible realizar el referendo en 2016 aduciendo imposibilidades técnicas. Para líderes de la oposición, el CNE busca retrasar el revocatorio. Si el proceso electoral se realiza después del 10 enero de 2017, y el presidente es revocado, no habrá nuevas elecciones y el vicepresidente asumirá el poder.
La oposición decidió asumir el reto y recolectar las firmas. No obstante, en octubre de 2016, tribunales venezolanos detuvieron el proceso. Por lo tanto, el CNE paralizó el proceso. Para la oposición, los tribunales actuaron en favor del gobierno de Maduro.
Maduro, Chávez y Pinochet
Aunque Pinochet violó sistemáticamente los Derechos Humanos y silenció a la oposición durante años, aceptó los resultados del plebiscito. A pesar de su carácter autoritario y personalista, Chávez respetó la Constitución y aceptó el reto de acudir a un revocatorio. No sabemos a ciencia cierta qué habría pasado si «el comandante» hubiese perdido, pero al menos confrontó un referendo revocatorio. En cambio, Maduro ha evitado a toda costa enfrentar nuevas elecciones.
Es posible que Chávez y Pinochet hayan aceptado los resultados, no por su estricto apego a la ley —pues ambos fueron militares golpistas—. Es probable que lo hayan hecho porque creyeron que podían ganar. El caso de Maduro es diferente: incluso las empresas encuestadoras cercanas al régimen ven muy difícil que el líder venezolano supere un revocatorio.
Al presidente le falta aún para igualar el récord autoritario de Pinochet. Sin embargo, si quiere imitarlo va por buen camino. El presidente venezolano viola constantemente la Constitución venezolana. Esa misma Constitución inspirada por los valores de su mentor Hugo Chávez. El sucesor de «el comandante» desconoce el artículo 72 de la Constitución y desconoce la Asamblea Nacional dando, de facto, un golpe a las débiles instituciones venezolanas.
Aunque ocurriera el milagro de que las politizadas instituciones chavistas aceptaran el revocatorio, es muy probable que el CNE realice el plebiscito después de enero de 2017. Eso significaría un cambio de cara, y no nuevas elecciones. En este caso se postergarían las reformas sociales y económicas que requiere Venezuela.
