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El jueves 1 de junio el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que la nueva Constitución que redacte la Asamblea Nacional Constituyente será sometida a voluntad popular por medio de un referéndum.
Esto lo hace luego de las fuertes críticas que ha recibido tanto de la oposición como de su exaliada chavista y fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien manifestó que no consultarle a los venezolanos sobre la nueva carta magna sería un «retroceso para la democracia».
Díaz también recordó que «Nosotros [los venezolanos] aprobamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en un proceso de participación y consulta de todo el pueblo venezolano», refiriéndose al proceso que en 1999 dio lugar a la vigente carta magna.
Ante las declaraciones de la fiscal, Maduro aseguró que:
«Seguro, seguro, al final del proceso, yo lo propondré de manera expresa, abierta y taxativa: la nueva Constitución saldrá a referéndum consultivo para que sea el pueblo que diga si está de acuerdo o no»
Por su parte, Luisa Ortega se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el interés de solicitar «aclaratoria» de una sentencia que avalaba la iniciativa del presidente de elegir a los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente, sin antes convocar un referéndum nacional.
Maduro tiene planes para escoger a los miembros de la constituyente hasta finales de julio. Esto será por medio de una votación por sectores y municipios, lo que la oposición ha catalogado como una elección indirecta. Según Ortega, «parece que se elimina la democracia participativa y protagónica, lo que le costó mucho al pueblo venezolano».
La titular del Ministerio Público pidió a la máxima corte que revise la sentencia emitida, porque si se reduce la participación ciudadana «a una mínima expresión» en un proceso democrático como este, se producirá un «retroceso» en materia de derechos humanos, afirmó.
Tras las declaraciones de Ortega, Maduro aseguró que se someterá al mandato de la Sala Constitucional del TSJ y calificó la iniciativa de Ortega como un ejemplo de la democracia venezolana.
«Yo cumplo los mandatos de la sala constitucional. Si me lo ordena, yo lo hago, no voy a andar con lloriqueos».
El as bajo la manga
Ante la fuga de apoyo en sus filas y su estrategia de perpetuarse en el poder con la Asamblea Nacional Constituyente, la dictadura de Nicolás Maduro quiere asegurar que personas afines y cercanas la integren.
Es por ello que el diputado del Parlamento venezolano y hombre fuerte del chavismo Diosdado Cabello anunció que se apartará de su cargo para postularse como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el estado Monagas (nororiente del país).
Tras su retiro como diputado, Cabello indicó que la Constituyente “es un ejercicio pleno de soberanía popular” y según él la oposición “está perdiendo la oportunidad de hacer historia”.
Respecto a lo anunciado por la fiscal general, Cabello manifestó que “está actuando como un agente político de la oposición”.
“La Fiscalía no es un poder, es un órgano que compone un poder. La Constitución no le asigna a la Fiscal ni una sola atribución constitucional, quien tiene la rectoría es el TSJ. Nos alegra que el que quiera irse y saltar la talanquera lo haga, este es el momento. No nos afecta para nada”.
Las protestas no paran
Ante la inminente crisis social, económica y política que atraviesa Venezuela, las calles se han llenado de manifestantes por más de 60 días. El saldo de muertos ha ya llega a 62, entre los que se encuentran desde adolescentes y mujeres hasta militares y un juez de apelaciones.
Las fuerzas represivas del régimen han dejado también innumerables heridos y detenidos.
La última víctima registrada es una mujer de 46 años llamada María Rodríguez, quien fue baleada durante una manifestación en el estado de Lara el día de ayer, según aseguró la fiscalía estatal, sin brindar mayores detalles.
En un intento de aplacar las protestas, la justicia venezolana le ordenó al líder opositor y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, impedir que en su estado se instalen barricadas contra el Gobierno.
El TSJ le advirtió al gobernador que de no acatar la orden podría ir preso. Según la sentencia emitida por el alto tribunal, si el excandidato presidencial no cumple con lo mandado «será castigado con prisión de seis a quince meses».
Este órgano ha emitido órdenes similares contra otros líderes opositores de Caracas, en donde se han concentrado la mayor cantidad de marchas y protestas.
Fuente: Reuters, Efecto Cocuyo.
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