La decisión del Gobierno de Evo Morales de “no renunciar jamás a la posibilidad de materializar su aspiración marítima” y la negligencia de equipo enviado por el Gobierno anterior para defender oportunamente los alegatos de Bolivia, nos ha llevado como chilenos a tener que defender nuestra soberanía en el Tribunal de La Haya, una vez más. Sin embargo, el contexto que ha rodeado este hecho nos permite vislumbrar una serie de facetas del populismo cuando se encuentra en una situación de poder.
Los estudiosos de las relaciones internacionales han definido el comportamiento de Morales como “típico” de aquellos gobiernos con problemas de gobernabilidad, crisis económica y aferrados al poder, que no queriendo renunciar acuden a la llamada “cortina de humo” para apelar al nacionalismo entre sus ciudadanos y llamar a una guerra contra un enemigo común por una causa “justa”. Ante la ausencia de razones, Morales apela al único argumento que han usado como justificación (y consolación) para su subdesarrollo: la ausencia de soberanía marítima, ignorando que hay más de 40 países en su misma situación, como, por ejemplo, Suiza, cuya realidad es una bofetada a aquellos que dicen que es necesario el mar para “desarrollarse”.
Ahora bien, el Alto Tribunal de La Haya está “imposibilitado de analizar controversias que estén resueltas por tratados vigentes y que sean anteriores a 1948”. Sin embargo, los beneficios que hoy goza Bolivia, y que Chile unilateralmente se los otorgó, están consagrados en el Tratado de Paz y Amistad entre estos dos países de 1904, donde, además, Bolivia pierde a perpetuidad su salida soberana al Océano Pacífico. Bajo esta lógica, un primer argumento que debería exponer la comisión que representa a Chile es: ¿Bolivia reconoce o no el Tratado?, ya que su desconocimiento debería implicar igualmente la suspensión de todos y cada uno de los beneficios que ha venido gozando nuestro vecino en materia comercial y que incluso exceden los que nuestros empresarios tienen.
Aquellos partidarios de “darle mar a Bolivia” deberían saber que Chile, tras derrotar a Bolivia en la Guerra del Salitre entre 1879 y 1884, y suspender la totalidad de sus relaciones con el vecino país, decidió en 1904 hacer una “tregua” y otorgarle unilateralmente 1) salida comercial al Pacífico; 2) autonomía aduanera en los Puertos de Arica y Antofagasta; 3) fijar sus propios aranceles y la tasa de los derechos de importación; 4) almacenamiento gratuito por 60 días para las exportaciones y 1 año para las importaciones y, por último, 5) libre tránsito y exención tributaria de la carga desde o hacia Bolivia.
No obstante, y tras revisar los datos históricos, no existe ningún país que haya vencido y haya “compensado” al oponente, salvo Chile. Ninguno gasta sin reciprocidad como si sintiera culpa de haber vencido. La pregunta que sería conveniente replantearnos es: ¿después de una ausencia total y reiterada de cooperación por parte del Gobierno Boliviano, debería Chile seguir manejando una política de mano blanda con Bolivia?
Por otro lado, hemos sido testigos de un hecho sin precedente, el candidato presidencial que estuvo a menos de 10 puntos de llegar a La Moneda, manifestó abiertamente que Chile debería “cambiar territorio por mar”, lo que además de resultar ridículo, es preocupante, ya que hará parte de la comisión que viajará a Holanda.
Sin embargo, y sin sacar de contexto el pronunciamiento de Alejandro Guillier, varias preguntas que debería contestar la Nueva Mayoría y todos aquellos que apoyaron al comunicador en su carrera por el liderazgo del país: ¿dónde queda la defensa de la integridad y soberanía territorial como primera misión del jefe de Estado?, ¿conoce Alejandro Guillier los beneficios comerciales y fiscales que ha venido gozando Bolivia?, ¿siente alguna responsabilidad o culpa por el subdesarrollo del vecino país frente al éxito Chileno? Dado que Michelle Bachelet en reiteradas ocasiones manifestó que Guillier era el continuador de su política e ideología, ¿estaba ella de acuerdo en ceder territorio chileno a cambio de nada? Ya que el abandono institucional y la permisividad en esa zona de la frontera, que debería ser estrictamente supervisado dado los antecedentes internacionales, solo podrían ser explicados bajo esta óptica.
En contraste, y por fortuna, Sebastián Piñera, en una reciente entrevista con ABCNoticias, sostuvo enfáticamente que “Chile no va a perder ni territorio, ni mar, ni soberanía”, demostrando, primero con su lenguaje y luego, a través de la escogencia y designación de Roberto Ampuero como Canciller y líder de la comisión de defensa de Chile, que la integridad territorial no es un asunto que deba ser discutido, que la legitimidad no ha sido inventada ni producto de un hecho arbitrario y que el subdesarrollo está ligado al capital humano y gubernamental y no a los recursos naturales.
Claramente, esta es la oportunidad perfecta de Chile para demostrarle a la comunidad internacional que la pobreza de un país no es un argumento irrefutable de que su causa es justa.