La gratuidad en la Educación Superior ha sido probablemente uno de los temas que por más tiempo se ha instaurado en el debate público y que ha movilizado el mayor número de jóvenes en la última década en Chile. Sin embargo, la totalidad de los argumentos de los mayores defensores de esta premisa se reducen a “la obligatoriedad del Estado”; ignorando que la responsabilidad fiscal y la promoción de un entorno económico saludable, también son un deber de ese ente casi omnipotente que tanto mencionan.
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En la reciente campaña, varias promesas del lado “progresista” y de izquierda (sobre todo del Frente Amplio) salieron a relucir: perdonar el CAE a quienes lo contrajeron previamente y se beneficiaron del mismo, ampliar en la gratuidad universal, prohibir la selección de estudiantes en las universidades aduciendo discriminación y todo ello, financiarlo con un impuesto a los que ellos llaman, súper ricos, donde por supuesto, no habrá ningún tipo de consecuencia. No obstante, es curioso notar que dentro de sus mayores defensores se encuentran los hijos de la actual presidenta, quienes en ningún momento han renunciado a su comodidad apelando al principio de “solidaridad”, donando parte o total herencia para hacer de Chile, “un país más justo y educado”.
Ahora bien, considerando que estamos a 3 semanas de la segunda vuelta presidencial, Sebastián Piñera puede aportar pragmatismo a este temor infundado y difundido por la izquierda, respecto a “perder todas las conquistas sociales, educativas (…)” con una serie de propuestas realistas y responsables en materia económica. Tales alternativas, lejos de acercarse al populismo, promoverían un fortalecimiento y organización de la sociedad civil, a la par de estimular la famosa responsabilidad social empresarial.
La primera propuesta estaría dirigida a las empresas y estaría enfocada a la reducción de impuestos por número de becas otorgadas. Estas becas podrían correlacionar la actividad y necesidades de la empresa con el área de estudio a financiar; es decir, una minera podría patrocinar a futuros estudiantes de ingeniería, que a su vez, al término de sus estudios, podrían incorporarse en la empresa. Al respecto, hay algunos datos que son útiles y que valdría la pena considerar: según Servicio de Impuestos Internos (SII), en Chile hay aproximadamente 1.074.040 empresas, si hipotéticamente un 15% de dichas empresas otorga una beca a algún estudiante destacado y con dificultades económicas, estaríamos hablando que 161.106 jóvenes podrían beneficiarse sin asumir directamente el costo, en tanto el Estado, seguiría promoviendo un entorno económico y fiscal saludable para la creación y expansión de más empresas.
Otro de los caminos, ya aplicados en el mundo, está asociado a la disminución de los impuestos a las familias cuando alguno de sus miembros ingresa a la educación superior. Si entendemos que la formación de capital humano es una inversión no solo para el individuo, sino también para el país, reducir la carga contributiva familiar adquiere mayor sentido y le otorga mayor eficiencia a los procesos, en tanto disminuye las probabilidades de desvió de fondos públicos y/o evasión de impuesto y aumenta el sentido de correspondencia de los estudiantes con la inversión familiar.
Del mismo modo, el aumento de becas ajustadas a criterios ligados al mérito y la creación de programas particulares desde la sociedad civil que promueva la donación voluntaria, sin importar el monto, son otras estrategias que deben considerarse y que sin duda, serán ampliamente acogidas por los chilenos. El éxito de la teletón, por ejemplo, no solo exalta el altruismo de los individuos, sino los logros que una sociedad civil puede alcanzar e impactar cuando se organiza: en dos días logra recaudar voluntariamente millones de pesos que financian programas para quienes de verdad lo necesitan, sin intermediación del estado y con el respaldo de un sinnúmero de empresas privadas.
Lamentablemente, la izquierda nos ha hecho creer que los medianos y grandes empresarios son una especie de monstruo que comen todo lo que se encuentra a su alrededor y olvidan, que la expansión de una empresa supone empleos, flujo de dinero que al final del día, es donde se pone en práctica todo lo que en las aulas se ha aprendido. Así como el éxito es prerrequisito del esfuerzo y la perseverancia, la inversión es prerrequisito de la educación de calidad y ésta difícilmente se obtiene promoviendo la idea de que “no cuesta o es gratuita”. Por ello, lejos de incentivar una política de gratuidad, asumida por el Estado, es necesario que el próximo gobierno, estimule los programas de becas que incentivan el esfuerzo, la competencia y los méritos, asegurándole a Chile profesionales de calidad, que no importando su origen, con ideas innovadoras puedan convertirse también en los futuros súper ricos, que generando empleo y riqueza, puedan seguir ayudando, a financiar a más jóvenes talentosos.
Finalmente, el 17 de diciembre, cuando regresemos a las urnas, sería bueno recordar que aquellos que más han defendido la gratuidad desde la Nueva Mayoría y el Frente Amplio, se opusieron a las auditorias para saber qué sucedió en universidades como la ARCIS y en el futuro, también se opondrán cuando el dinero de nuestros impuestos se pierda y preguntemos por qué no hay gratuidad ni calidad.