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El discurso políticamente correcto se ha tomado la palestra y Chile no es la excepción. Ser políticamente correcto significa, o así parece, que no es bien visto hablar que las decisiones tomadas por las personas tienen consecuencias, que la realidad supone sinsabores entre medio de otras experiencias y que no se puede culpar a un tercero de todos los males e injusticias del país.
Bien parece que el discurso aceptable hoy en día tiene que ver con castigar a algún “otro” por cuya supuesta culpa, las más altas aspiraciones personales no se han cumplido. La idea es encontrar ese tercero culpable de los desencantos que la vida ofrece al ser enfrentada con un espíritu mediocre o con falta de talento y a decir verdad, encontrar ese otro en un medio político donde abundan aquellos que resienten “el sistema”, “el modelo” pues ha resaltado sus propias ineptitudes y carencias.
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La sociedad parece estar harta, incómoda con su realidad. Ya pasó esa etapa en que se desvivían por obtener lo material y gracias a la llegada de las vías del desarrollo, lo material hoy se da por sentado dando espacios para aparentemente ocuparse de materias más elevadas como la injusticia, la desigualdad, la estructura de la sociedad, etc.
Es en este hastío generalizado que resuenan los discursos más populistas y peligrosos de los últimos tiempos. Esos discursos que por su naturaleza mesiánica encantan a la gente al haber encontrado otro en quien poner la culpa de su tedio y es así como nos llegan desde distintos frentes políticos, en pleno año electoral, propuestas que al haber diagnosticado mal ciertos problemas, sugieren soluciones que podrían ser mortales, tales como la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE).
La razón por la que dicho mecanismo financiero se creó, es precisamente porque el Estado no tenía (y sigue sin tener, hoy menos que antes) los recursos para financiar la educación de tantas personas, entonces la banca privada podría participar de este financiamiento sabiendo que al final de la formación del profesional, podría cobrarse de un porcentaje del sueldo del mismo y con el interés acordado, saldarse la deuda, aumentando el capital inicial y permitiendo que otros también pudieran acceder a la educación superior.
La idea de que tal crédito es abusivo, responde a un planteamiento más ideológico que técnico, pues financiar un cierto costo por un periodo de cinco años promedio y no esperar a cobrar esos montos con el debido reajuste, no solo sería caridad, sino que se iría desgastando el capital inicial hasta no quedar suficiente para otros que desearan utilizar este tipo de financiamiento.
La ideología entonces es la que a condena todo tipo de lucro, que permite no solo la sostenibilidad de los sistemas sino el entusiasmo por la inversión y por lo tanto beneficios a largo plazo que pueden ser aprovechados precisamente por aquellos que no suelen ser beneficiados por el Estado, es decir, la clase media.
La clase más pobre probablemente será más elegible para becas y una serie de beneficios estatales que sumados podrían solventar gran parte de los estudios. Las personas de situación más acomodada no necesitan de dichos beneficios, pero la clase media, frente a aranceles de mercado que responden a la ley de la oferta y demanda que es tan cierta como la ley de la gravedad, muchas veces se ven imposibilitados de permitirse la educación superior por no ser elegibles para becas basadas en perfil socioeconómico, por no tener un sistema de becas más abundante que estimule el rendimiento y el mérito y porque pese a que Chile ha prosperado en los últimos 30 años, aún los sueldos de clase media no alcanzan para solventar este bien económico que es la educación superior.
En este contexto, el financiamiento con aval del Estado es uno de los mejores recursos disponibles para personas con deseo de formarse profesionalmente, y considerando que las políticas refuercen un esquema de crecimiento en que se creen más empleos como resultado de políticas liberales, esto derivaría en una cierta certidumbre frente al futuro laboral que podría hacer que valga la pena contraer una deuda de esa magnitud, pues la especialización profesional implicaría un buen retorno al aumentar la capacidad y calidad productiva de una persona.
En resumen, los beneficios de estudiar, ser profesional y ganar un sueldo acorde al mercado, sobrepasan el malestar del endeudamiento.
Si se le quita esa posibilidad a la clase media, entonces se reduce su posibilidad de mejorar su calidad de vida. Ahora la sabia elección de la vocación es decisión personal y compete a cada persona averiguar las necesidades del mercado para hacer una elección que le reporte los beneficios esperados, pero en ello, poco tiene que ver el Estado.
Es bueno que cuando uno o más candidatos apuestan a encantar al universo de votantes con propuestas tales como la eliminación del CAE, expliquen y especifiquen en detalle con qué llenarían ese vacío. Un sistema completo de becas toma tiempo en implementarse y no necesariamente se traduciría en la sola solución.
Otra razón por la que se creó el CAE es porque la cobranza se vuelve algo difícil y aparecen apremios para hacer condonaciones, tal como ocurrió con los deudores habitacionales.
Si el Estado asume esta responsabilidad de financiar la educación superior ya sea en forma de gratuidad universal o como acreedor, de alguna parte tendrá que sacar esos recursos, lo que implicará más gasto fiscal, eso se traduce en más impuestos, con la consecuencia de menos atractivo para la inversión y por ende menos empleos, menos crecimiento, menos desarrollo.
Las protestas y vociferaciones de quienes se quejan de ser deudores del sistema, porque adquirieron una deuda y no quieren ser adultos y cumplir con los compromisos adquiridos, no debieran ser el impulso de las propuestas de los presidenciables. Es hora de que vuelva la cordura, el odiado pero necesario tecnicismo y por supuesto, bien haría un baño de realidad.
