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EnglishNota del editor: Asdrúbal Aguiar es un prominente jurista y escritor venezolano. Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, en donde también obtuvo un Máster en Derecho de la Integración Económica. También es Diplomado como Especialista en Comercio Internacional por la Libera Universitá Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) en Roma, y Doctor en Derecho, mención summa cum laude, por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Es profesor y catedrático en varias universidades y ejerció como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También tiene una dilatada carrera política en la administración pública venezolana. PanAm Post lo entrevistó en 2013 en su calidad de presidente de la Comisión Legal de la Sociedad Intenamericana de Prensa (SIP).
¿Dónde está consagrado en la Constitución venezolana el derecho humano a la protesta? ¿Los estudiantes o manifestantes están actuando dentro del marco de la ley?
Asociarse, manifestar, expresarse a través de la prensa, son las columnas vertebrales de la democracia, crean las condiciones para el ejercicio de la democracia a través del voto consciente y razonado, y aseguran que el resto de los elementos de dicha experiencia –respeto a los derechos humanos, al estado de derecho, la separación de poderes e independencia judicial, la probidad y transparencia en el ejercicio de los gobiernos– se sostengan. De modo que no se trata de un derecho irrelevante. Los derechos a la asociación y a la reunión pública, con fines lícitos y sin armas, están consagrados en los artículos 52 y 53 de la Constitución venezolana, y la manifestación o reunión pública no requiere de permiso según la última disposición.
La verdad constatable en múltiples grabaciones y en buena hora –gracias al poder de los dispositivos digitales y al periodismo subterráneo o de redes– es que la manifestación estudiantil del pasado 12 de febrero, que se origina por la grave situación que vive el país, fue pacífica desde sus inicios hasta concluir. Tenían el fin lícito de reclamar por la detención de algunos estudiantes y protestar por la inseguridad – los 23.000 homicidios del último año – y la falta de muchos productos de primera necesidad y medicinas en los anaqueles de los mercados y farmacias, luego de que el gobierno dilapidara más de 1.500 millones de dólares en 15 años y se descubriese que 40.000 millones de dólares, que duplican las reservas internacionales, fueron robados por empresas fantasma o sobrefacturaciones, según lo admite el propio gobierno.
Al final de la marcha, penetran sus espacios los llamados “círculos populares” que son grupos de paramilitares, militantes de calle bajo control gubernamental, y la agreden, luego de lo cual actúan reprimiéndola Guardias del Pueblo y funcionarios de los Servicios de Inteligencia.
¿Por qué el Poder Ejecutivo considera que los estudiantes están violentando las garantías constitucionales con la forma en la que están ejerciendo su derecho a la protesta?
Desde hace varios años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho constar en sus informes que en Venezuela se criminaliza la disidencia y se usa de la Justicia para perseguirla. Hay suficientes datos objetivos al respecto.
Pero el gobierno, montado sobre la crisis, que es obra de sus erradas políticas públicas, y el intento por trasladar a Venezuela los paradigmas políticos y económicos cubanos, considera que la marcha estudiantil opositora es golpista por cuanto algunos de los manifestantes demandaban la renuncia del presidente; lo cual no es ni inconstitucional ni antidemocrático. Así como la Constitución prevé que el Presidente puede ser objeto de una revocatoria anticipada de su mandato, la renuncia es una de las modalidades que prevé al respecto el orden constitucional. Y que algunos ciudadanos, sobre las realidad inocultables descritas, en su legítima molestia y en el ambiente de represión y de censura impuesto, le pidan a Nicolás Maduro ponerse de lado, es un acto fundamentalmente democrático.
Lo que ocurre es que los gobernantes del Socialismo del siglo XXI, que es una mutación del comunismo o socialismo totalitario que se conoce del pasado siglo, vienen usando a la democracia para vaciarla de contenido. Se incorporaron a la lucha democrática para dinamitarla desde adentro, y ahora la entienden como un derecho a la estabilidad gubernamental perpetua de los mandatarios que profesan dicho credo, y no como lo que es la democracia, un derecho del pueblo, un derecho humano de cada ciudadano, según los términos de la Carta Democrática Interamericana.
¿Está la Constitución venezolana acorde con los estándares internacionales sobre derechos humanos?
La Constitución venezolana – lo dije y escribí en el año 2000 al publicar su Revisión Crítica – es una suerte de matrimonio morganático: Inflacionaria en derechos tanto como en la Revolución Francesa, y despótica en la organización de los poderes públicos al igual que en el Antiguo Régimen. La cultura de derechos humanos que se afirma luego de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, reafirma que los derechos son anteriores, es decir que preceden, y son superiores al Estado, que debe garantizarlos y servirlos. Así consta en los convenios y pactos internacionales en vigor. No obstante, en el artículo 3 de nuestra Constitución, a la par de predicarse este principio, se le agrega al Estado como función “desarrollar la personalidad” de los venezolanos. En pocas palabras, la libertad para ser y modelarnos como seres libres, bajo esa concepción, depende del Estado. Es una reminiscencia del despotismo ilustrado y un caldo de la cosmovisión totalitaria, marxista o fascista.
¿Está el poder ejecutivo manipulando la ley a su favor? Y de ser así, está violando los derechos humanos? Por favor explique con algunos ejemplos de sucesos actuales.
El gobierno, progresivamente, luego de las reformas legales de 2005 y 2008, decidió armar al pueblo y transformarlo en milicia, como apéndice del estamento militar, para la defensa de la revolución. Eso es absolutamente inconstitucional. Y a la par, desde 1999 decidió organizar los llamados Círculos Bolivarianos, que sucesivamente mutan en “colectivos populares”, integrándolos con militantes gubernamentales, civiles a quienes se arma para reprimir y perseguir toda disidencia contrarrevolucionaria. Eso es fácil constatarlo con una ligera investigación. No es un hecho oculto y el mismo Hugo Chávez anunció su propósito al respecto al informarle a la Fuerzas Armadas sus líneas de acción, que constan en La Nueva Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico, en 2004. La represión armada de la disidencia es una política de Estado, que se ensayó con los destrozos que causaran en las puertas de los medios de comunicación social privados años atrás, bajo conducción de la llamada Comandante Lina Ron. Pero no se hizo tan evidente como ahora por una razón elemental: Las carencias sociales y económicas, que afectan por igual a todo el pueblo.
El gobierno, no obstante, anclado en la mentira como política de Estado, habla de paz y hace la guerra, predica la justicia pero alimenta la miseria como forma de dominación, y acusa de golpismo a la protesta social democrática. Por primera vez, debo decirlo, lo percibe así, mediante datos objetivos, la comunidad internacional. Y para colmo el régimen habla de campaña mediática en su contra, siendo el régimen el que controla todo el aparato de medios en Venezuela y mantiene una creciente censura sobre la información. La Venezuela democrática se comunica y se informa a través de las redes sociales, fundamentalmente.
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