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A lo largo del año muchas personas sufrieron hackeos y caídas abruptas de sus reuniones a través de la plataforma de videollamadas Zoom. Lo que no imaginaban era que en algunos casos estas situaciones pudieron haber sido producto de la colaboración de un ejecutivo de la compañía con el régimen comunista chino.
Esta irregularidad quedó en evidencia gracias a una investigación que realizaron agentes del FBI, la cual llegó a un tribunal de Brooklyn. En esta se destacan serias amenazas contra la libertad de expresión.
La denuncia se enfoca en el ejecutivo Xinjiang Jin, quien se desempeñaba como “líder técnico en seguridad”. Jin fue acusado por fiscales federales de conspiración para cometer acoso interestatal, específicamente en videos y reuniones en la conmemoración del aniversario de las manifestaciones contra el régimen chino en la plaza de Tiananmen de 1989.
La información indica que el funcionario trabajó como enlace principal entre Zoom y los servicios de policía e inteligencia chinos. Jin habría compartido información de los usuarios y terminado las videollamadas a solicitud del régimen chino.
Las actuaciones desplegadas por Jin en coordinación con Pekín constituyen un atentado contra el ordenamiento jurídico de la Unión Americana. Pero también atentan contra el derecho a la privacidad y libertad de expresión, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Según la información, el funcionario se encargaba de monitorear reuniones en las que se discutieran temas religiosos y/o políticos que molestaran a China. Una vez identificadas las personas que trataban los temas sensibles para Pekín, Jin le proporcionaba al régimen chino los nombres, correos electrónicos e información privada de los usuarios. Incluso de los que se encontraban fuera de China.
Migración de datos
El FBI señaló a empleados de Zoom en Estados Unidos de tener un plan que permitiría la migración de aproximadamente un millón de datos de EE.UU. a China. De esta manera el país comunista sometería todo a su jurisdicción.
La empresa le habría proporcionado “acceso especial” a las autoridades chinas de seguridad nacional. El funcionario cuenta que el régimen chino quería listas detalladas de seguimiento diario que la empresa hacia sobre manifestaciones en Hong Kong, religiones «ilegales» y otros temas.
John Demers, quien se desempeña como asistente del fiscal general, ha expresado lo difícil que es para este tipo de empresas trabajar en China. Ha recordado que mientras la administración Trump garantiza los derechos a los ciudadanos, el régimen de Xi Jinping los cercena.
La Comisión Federal de Comercio llegó a un acuerdo con Zoom. En ese acuerdo la empresa resolvió las acusaciones de que había engañado a los usuarios sobre la privacidad de sus datos y las medidas de cifrado. Por lo que aceptó las nuevas reglas de seguridad, que sí son acordes con los derechos humanos y con los valores estadounidenses.
Zoom se defiende
Ante los escándalos, Zoom ha tratado a través de varios comunicados de evadir su responsabilidad sobre el hecho dando explicaciones a medias. Por ejemplo, un portavoz de la empresa dijo que para cumplir con las leyes chinas, la compañía no pudo bloquear a los usuarios que se encontraban dentro del país y aún así emitían mensajes incómodos para el gobierno.
Si bien la plataforma expresó que, para corregir el error, procedió a reestablecer las cuentas de todos los usuarios que se encontraran fuera de China, el daño ya estaba hecho.
En ese comunicado, la compañía también dijo que “el Departamento de Justicia deja en claro que, todas las empresas estadounidenses, incluida Zoom y nuestros pares de la industria, enfrentan desafíos cuando hacen negocios en China».
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