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En el Congreso de Colombia avanza la discusión y aprobación de lo que sería una reforma al Código Electoral. La iniciativa fue presentada por la ministra del Interior, Alicia Arango; el registrador nacional, Alexander Vega; y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos.
El proyecto llegó al legislativo con mensaje de urgencia; sin embargo, no se ha podido tramitar con la celeridad que requería. Durante el trámite, los ponentes recibieron más de 400 propuestas que retrasaron la discusión y aprobación de la iniciativa. En estos momentos solo está pendiente la conciliación de la iniciativa para que pase a sanción presidencial.
No obstante, este trámite no ha estado exento de controversias. Una de ellas fue denunciada por el representante a la Cámara, Gabriel Santos, quien denunció que a través del proyecto algunos congresistas pretendían coartar la libertad de expresión.
Según Santos, “calca una de las instituciones más nefastas del régimen venezolano (el CNE)”. La controversia surge a raíz de un artículo del proyecto. El articulo buscaba prohibir cualquier acción tendiente afectar el buen nombre, honra o dignidad de las personas. Igualmente, sanciona por difundir noticias falsas contra el buen nombre y reputación de los partidos.
Para los defensores de la libertad, como Gabriel Santos, ese artículo podría constituir censura porque no hay certeza sobre qué institución tendría la responsabilidad de ejercer ese control y bajo qué parámetros se dictaminaría lo que es y lo que no es falso.
Santos había logrado que dicho artículo fuera eliminado en la Cámara de Representantes. Sin embargo, de forma misteriosa, el artículo revivió en el debate en el Senado. Por lo que el congresista del Centro Democrático volvió a encender las alarmas.
También denunció que habría «estatización de datos, monopolio de contratación, implementación del voto electrónico, conteo digital de votos, todo lo hace el mismo contratista». Esto haría que el sistema electoral colombiano se parezca al modelo que impera en el régimen venezolano.
Miren cómo de manera sistemática lo primero que eliminan es la iniciativa privada y el uso de los datos biométricos por parte de los privados. ¿A quién quieren beneficiar?🤔 pic.twitter.com/DOutIXumry
— Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) December 17, 2020
El oportunismo de Petro
Otra controversia que surgió durante el trámite fue que el senador socialista Gustavo Petro buscaba modificar las normas en beneficio propio. La intención de Petro era que se permitiera a grupos significativos hacer alianzas con partidos. Esas alianzas tenían el fin de permitir a los movimientos con poca votación pasar el umbral en las elecciones. De aprobarse esa norma, habría permitido brindarle personería jurídica al movimiento Colombia Humana, liderado por el senador Gustavo Petro.
Por fortuna, los congresistas no aprobaron esa iniciativa, por lo que Petro sigue sin posibilidades de que su pequeño grupo de socialistas se convierta en partido político.
El proyecto también ha sido criticado por el procurador general, Fernando Carrillo, y por el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras. El primero ha esgrimido argumentos de tipo jurídico, en el hecho de que no se cumplen los requisitos para que se denomine como código elector.
El segundo, denunció que, con la nueva normativa se acabaría la carrera los burócratas de carrera. Pues le permitiría a los altos funcionarios removerlos del puesto alegando falta de confianza sin exigir motivación alguna.
La importancia de la reforma
En el mundo se viven momentos tensos por las amenazas de fraudes electorales que podrían sufrir las democracias. Los bloques socialistas han logrado reformas electorales que les son beneficiosas.
En la discusión de este proyecto, las controversias no han faltado. Esta reforma será el marco legal que regulará las próximas elecciones en Colombia. Por lo que, si no se dan reglas claras, se pueden poner en peligro las libertades individuales y económicas de los ciudadanos.
Por ahora se estudia convocar al Congreso en sesiones extraordinarias para conseguir la aprobación de la reforma. Se espera que en la conciliación se corrijan esos yerros que pueden poner en peligro la democracia. De no hacerse, se estaría arriesgando a el país a brotes de violencia en las próximas elecciones por la incertidumbre de un modelo electoral con falta de transparencia.
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