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Este viernes se conoció que un juez del municipio de Chinchiná, en el departamento de Caldas, sentenció a tres días de arresto domiciliario a dos altos funcionarios del Estado. Ellos son el ministro de Defensa, Carlos H. Trujillo, y el director nacional de la Policía, general Oscar Atehortúa.
La decisión es consecuencia del desacato a una tutela instaurada por el mayor de la policía Faiber Moreno Salazar. La acción constitucional buscaba que a Moreno se le reconociera el tiempo que estuvo por fuera de la institución, de modo tal que ese tiempo le ayudara a reunir los requisitos para habilitar su concurso a teniente coronel.
Según la sentencia, a Moreno Salazar no le informaron por qué no había sido llamado a concurso para ascender a teniente coronel en febrero de este año. También expresa que, en la actualidad, la totalidad de sus compañeros del curso 071 de oficiales desde diciembre de 2015 fueron ascendidos.
“El asunto de Moreno Salazar ameritaba especial consideración, dado el tiempo en que estuvo sustraído ilegalmente del servicio (10 años), como fue dispuesto en el ordinal cuarto del fallo.» indicó el despacho judicial.
“En la petición contenida en el escrito génesis de esta actuación incidental reitera la solicitud para que se ordene a la Policía Nacional lo llame inmediatamente a los cursos reglamentarios para ascenso al grado de Teniente Coronel (Faiber Moreno Salazar)”.
El Ministerio se defiende
Noticias Caracol reportó que, el Ministerio de Defensa arguyó que Moreno “no superó la evaluación de la trayectoria profesional, ni el concurso previo al curso de capacitaciones para ascenso al grado de teniente coronel, no obstante, fue reconocido como tiempo de servicios el lapso que estuvo sustraído del servicio activo, tanto así que a la fecha cuenta con 25 años, 0 meses, 25 días”.
El ministro de Defensa y el director de la Policía deberán cumplir el arresto en la Escuela de Carabineros o en una institución pública similar en Bogotá.
Si bien la noticia sigue en desarrollo, todo indica que los funcionarios no tendrían otro camino que cumplir con la condena. A primera vista, no cuentan con otra herramienta jurídica que les permita evitar la cárcel.
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