Este fin de semana se conoció un posible escándalo de corrupción en Colombia relacionado con el manejo de fondos destinados a la entrega de alimentos para niños. La investigación la realizó la Contraloría General de la Nación gracias al apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
A través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), la Contraloría encontró graves irregularidades. Según la entidad de control, unas 28000 raciones de alimentos fueron entregadas a 15000 beneficiarios que, según la Registraduría Nacional, aparecen como fallecidos. Así lo afirmó en una entrevista a La FM la directora del DIARI, María Fernanda Rangel, quien agregó: “Tenemos un riesgo relacionado con suplantación para la entrega, por ejemplo, un mismo número de cédula con diferente nombre, una entrega a un niño que su identificación nos aparecía como fallecido”.
Por su parte, la directora del ICBF, Lina Arboleda, expresó que la entidad va a adelantar todas las investigaciones disciplinarias a que haya lugar. La funcionaria también expresó: “desde el primer día, el ICBF puso a disposición de la Contraloría todas las bases de datos de los usuarios y la información pertinente para que nos acompañaran en este proceso y de esta manera blindar las entregas a nuestros beneficiarios”.
En @rcnradio con @YolandaRuizCe, la directora @linaarbelaez reitera que los recursos para la niñez son sagrados. Se solicitó desde el @ICBFColombia el acompañamiento de la @CGR_Colombia para que los recursos lleguen a los beneficiarios del Instituto.
— Bienestar Familiar (@ICBFColombia) November 30, 2020
Las alertas
En el departamento de Chocó se realizaron 37 entregas de raciones de alimentos a 16 menores de edad que aparecían como fallecidos para la fecha de la distribución. Lo mismo sucedió en el departamento de Nariño, donde hubo ocho entregas de raciones alimentarias a dos menores que también figuraban como difuntos.
“Lo impactante es el número de beneficiarios y cuántas raciones no han llegado a nuestros niños. Uno de los casos de mayor impacto es el de beneficiarios fallecidos”, sostuvo la directora del DIRI. “Los tutores iban a los centros zonales para reclamar las raciones de los niños y en el cruce de información que hicimos con la documentación proporcionada por el ICBF, de más de 100.000 planillas que diligenciaron sus operadores, logramos identificar 28000 entregas que se dieron a beneficiarios a nombre de fallecidos”, complementó la funcionaria.
En el municipio de Chimichagua, departamento del Cesar, una mujer recibió las raciones de 172 niños y niñas además de las de otros menores ubicados en Fundación, Magdalena y Buenaventura. Un hombre aseguró ser tío político de 134 menores de edad y recibió las canastas de todos ellos. Ante estas irregularidades Rangel cuestionó: “cómo es que un tutor está reclamando más de 100 raciones, quién va a tener más de 100 niños. Un tío político en Buenaventura recibiendo 130 raciones (…), cuántos niños dejaron sin esas raciones y dónde están”.
En Medellín, la Contraloría identificó otra irregularidad. Ni en junio ni en julio, el ICBF reportó una sola ración de las 2691 programadas.
Las alertas emitidas por la Contraloría
En efecto, según María Fernanda Rangel, la entidad hace “alertas porque no se ha concretado en hallazgo, de acuerdo con los contratos analizados, solo en tres meses llevamos más de 2500 millones de pesos, pero en la baja ejecución, no han entregado alimentos a niños por 12000 millones”.
Al multiplicar la cantidad de raciones que se entregaron a estas personas fallecidas por el valor más bajo de una ración, que es de 80000 pesos, el total del dinero involucrado sería aproximadamente de 2241 millones de pesos.