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EnglishPortugués Cuando, en Brasil, un grupo de adolescentes golpeó, violó y lanzó a cuatro muchachas por un precipicio para que murieran, a finales de mayo, renació un debate nacional sobre cuál es la edad apropiada para la imputabilidad criminal.
En la medida en que la controversia elevaba el tono, las informaciones de prensa difuminaban los rostros de los cuatro adolescentes involucrados en el crimen, omitieron sus nombres y mantuvieron sus registros criminales en secreto.
El 9 de Julio, los adolescentes que violaron, cortaron las muñecas, pincharon los ojos y cortaron los pezones de las cuatro muchachas (una de las cuales murió como consecuencia de las heridas) fueron sentenciados a tres años en un correccional para menores de edad.
Tres años.
El castigo, ciertamente, no es apropiado al crimen, pero según la ley brasileña, es apropiado para las edades de los acusados.
En Brasil, la Constitución blinda a quienes tienen menos de 18 años de la responsabilidad penal, ignorando sus infracciones y poniendo a los criminales adolescentes fuera del alcance de la justicia. Los delincuentes juveniles son encarcelados en correccionales, y se les exige cumplir con meras medidas “socio-educacionales” y una vez que son liberados, no se mantienen los registros de los delitos que cometieron.
A diferencia de lo anterior, una acusación por violación puede significar, para aquellos que son lo suficientemente adultos como para responder por sus crímenes, una condena de entre seis y doce años de prisión, y entre 12 y 30 años si, como resultado, la víctima fallece. En promedio, los adultos convictos por violación pasan, al menos, dos años tras las rejas.
En el estado de Piauí, donde tuvo lugar este horrendo delito, al menos un niño de menos de cuatro años es víctima de violación cada semana.
El crimen en Brasil
Muchos abogados expertos, como el exjuez Luiz Flávio Gomes, consideran que las leyes brasileñas sobre violación y homicidio son “demasiado subjetivas”.
La permisividad en la redacción de los Códigos Penales es un problema en los países que tienen una fe ciega en las instituciones gubernamentales. El apoyo popular a los proyectos que intentan imputar más específicamente los crímenes y garantiza imparcialidad en las sentencias, usualmente abre las puertas a leyes más restrictivas, que dañan a personas inocentes y complican los casos legales, mientras permiten a los criminales escapar de la justicia.
Para los que defienden el Estatuto de Niños y Adolescentes de Brasil, un grupo de leyes que protegen a los delincuentes juveniles durante sus procesos legales, la edad de responsabilidad criminal no debe ser reducida. Argumentan que solo un pequeño porcentaje de adolescentes cometen crímenes crueles.
Por otra parte, los que están a favor de bajar la edad de imputación criminal dicen que las estadísticas no importan, y que los menores que sean hallados culpables deben responder por sus crímenes. Apuntan, por ejemplo, que los jóvenes de 16 y 17 años no son imputables por violaciones u homicidios, pero sí se les permite votar.
Pero para el grupo que aboga por una reforma legal más amplia, la edad no debe ser un factor determinante. Después de todo, los individuos no son iguales, y deben ser juzgados caso por caso, dependiendo de sus acciones. En Estados Unidos, por ejemplo, cada estado determina libremente su edad de imputación criminal. Para los delitos federales, once años es la edad mínima.
Propiedad, vida y libertad
Mientras las críticas de aquellos que quieren leyes más duras, y de aquellos que quieren más prevención, copan toda la atención, se oye poco acerca de la reforma amplia que demandan los liberales.
Cuando el Gobierno assume el rol de guardian moral, las consecuencias son siempre negativas.
La libertad que otorgan las leyes que restringen al Gobierno (no a los individuos) tienen la consecuencia positiva de permitir que emerja una nueva esfera moral, donde las comunidades con ciertos valores —como el respeto por la propiedad y la vida— pueden florecer.
Cuando el Gobierno no interfiere con la vida privada, las autoridades religiosas y morales tienen un rol más importante ante la ciudadanía. Una cultura que proteja la vida y la propiedad tiene mayor chance de implantarse en un país cuya dependencia del Gobierno sea reducida.
En Brasil, los individuos no tienen derecho a la defensa propia; gracias al Estatuto de Desarme aprobado en 2003, los brasileños normales y corrientes no tienen derecho a portar armas. Como consecuencia, el crimen en la nación suramericana continúa en aumento.
Mientras gran parte de la población continúa defendiendo la edad actual de imputación criminal y el control de armas, muchos otros están presionando a los políticas para una reforma drástica. Y gracias a sus esfuerzos en las redes sociales, sus argumentos están teniendo éxito. Recientemente, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó una enmienda constitucional para reducir a 16 años la edad de imputabilidad criminal.
De todos modos, dado que la reforma no se ha convertido aún en Ley, los menores que violaron y golpearon a las cuatro jóvenes en Piauí no pagarán por sus crímenes.
Seamos honestos
Si los brasileños no llegan a acuerdos sobre lo que realmente causa los problemas del país, el debate continuará estancado entre aquellos que apoyan un Gobierno más fuerte pero no coinciden sobre qué leyes deben aprobarse.
En Brasil, los conservadores y los progresistas están desorientados sobre el concepto de propiedad y su relación con la responsabilidad individual.
Los progresistas quisieran permitir a la gente que comprara drogas, pero no armas para defenderse a sí mismos de los criminales. Los conservadores, en el otro extremo, quieren leyes aún más duras contra el consumo y venta de drogas, pero no ven problema en encarcelar a niños de 15 o 16 años.
Salvo que los brasileños logren un debate serio sobre la extensión real de los derechos de propiedad y cómo promover un ambiente que permita que florezcan los valores, los crímenes horripilantes continuarán conmoviendo a la nación, así como al resto del mundo.
Traducido por Pedro García Otero.
