El martes 6 de enero, en más de 20 ciudades estadounidenses, diversas organizaciones y grupos de ciudadanos se manifestaron en contra de la visita de Enrique Peña Nieto a Estados Unidos, y exigieron justicia por los estudiantes desaparecidos de Iguala.
Además de ello, diversas organizaciones humanitarias enviaron misivas a Barack Obama solicitándole que su Gobierno le exija compromisos a su contraparte mexicana en cuanto al respecto de los derechos humanos, el esclarecimiento de casos como la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, y el asesinato de 22 personas por soldados en Tlatlaya, en junio .
La Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales AFL-CIO expresó que el sindicalismo mundial “está profundamente preocupado por el acelerado deterioro de los derechos humanos y laborales en México, crisis que afecta directamente a trabajadores en ambos países”.
https://twitter.com/AFLCIOLatino/status/552514414562508801
La carta fue firmada por Richard Trumka, presidente de AFL-CIO, y en ella resalta que el ataque en Ayotzinapa no es un incidente aislado en esta crisis, sino que resalta los graves problemas de corrupción, abuso e impunidad oficial.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), también firmó una misiva en la que expresa su preocupación porque estos casos no son incidentes aislados, más bien, “expresan un patrón de abuso de la autoridad de parte del Estado de México”, debido a que el Gobierno de Peña Nieto no toma con seriedad la situación humanitaria su país.
México/Estados Unidos: Obama debería exigirle a Peña Nieto justicia por abusos http://t.co/ujhS7PXWkU
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) January 5, 2015
Para HRW, pese que al momento de su toma de mando Peña Nieto reconoció los problemas de derechos humanos en México y su compromiso para remediarlos, no ha tomado medidas suficientes.
HRW considera que EE.UU “podría jugar un papel clave en la crisis humanitaria”, pero “envía el mensaje contrario” al no realizar demandas al cumplimiento de los requisitos en materia de derechos humanos en acuerdos tales como la Iniciativa Mérida, el proyecto binacional en contra de la delincuencia organizada.
Más de US$2.000 millones han sido utilizados desde 2007 en esta iniciativa, el 15% de ellos supeditados al cumplimento de ciertos requisitos en materia de derechos humanos, pero estos no están siendo cumplidos por México y a pesar de ello los fondos no han cesado, señala la ONG.
Por eso, HRW solicita al presidente Barack Obama que sea un “buen socio’’ en la lucha por los derechos humanos, que exija a Peña Nieta que enfrente la crisis con mayor seriedad y que se verifique el cumplimiento de los requisitos de derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida.
El presidente de México realizó el martes 6 de enero una visita oficial a la Casa Blanca. Reunión en la que organizaciones de derechos humanos instaron a Barack Obama a enfocar el diálogo diplomático para discutir la denominada “Crisis de derechos humanos’’ en México.
La agenda oficial de la reunión incluía la revisión de las áreas de cooperación entre los dos países, tales como el sector energético, relaciones económicas y comerciales, migración y status legal de indocumentados mexicanos en EE.UU.
En la conferencia de prensa oficial, los funcionarios estadounidenses, al ser cuestionados sobre la situación de los derechos humanos, expresaron sus simpatías hacia los familiares de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. “Mantenemos una firme creencia en que los responsables deben ser presentados ante la justicia mediante una investigación a fondo y transparente”, añadieron los funcionarios estadounidenses.
Respeto de los derechos humanos más allá del respeto a la vida
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México documenta los abusos y quejas en contra de las autoridades estatales. Solo en el Estado de Tamaulipas, en 2014 se documentaron 104 quejas por detenciones arbitrarias, junto a 50 casos de allanamiento de domicilio particular sin orden judicial y 65 supuestos abusos de autoridad.
En septiembre de 2014, Amnistía Internacional manifestó en el informe “Tortura y otros malos tratos en México’’ que las denuncias por torturas y malos tratos por parte de policías y fuerzas armadas han aumentado en 600% durante el último decenio.
El hecho de que apenas se apliquen las salvaguardias para prevenir la tortura y otros malos tratos, y que las investigaciones sobre las denuncias a menudo minimicen la gravedad de los abusos y estén predispuestas contra la persona denunciante, son una clara indicación de que el Gobierno no protege los derechos humanos
“Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado. El hecho de que apenas se apliquen las salvaguardias para prevenir la tortura y otros malos tratos, y que las investigaciones sobre las denuncias a menudo minimicen la gravedad de los abusos y estén predispuestas contra la persona denunciante, son una clara indicación de que el Gobierno no protege los derechos humanos”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En una encuesta realizada por esa ONG, 64% de los encuestados manifestaron temor de sufrir torturas en caso de ser puestos en custodia por las autoridades.
La corrupción y su percepción también son otro problema que afecta al Gobierno mexicano. El pasado 16 de junio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) presentó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) en la que revela que 12 de cada 100 habitantes de México son víctimas de corrupción directa al realizar trámites gubernamentales.
El estudio no mide toda la corrupción del país, sino la que enfrentan los ciudadanos cuando van a una ventanilla a solicitar un trámite o servicio público.
Editado por Pedro García.