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EnglishLos migrantes ilegales que buscan llegar a Estados Unidos no solo deben superar una innumerable cantidad de obstáculos para lograr su cometido. Una vez en territorio estadounidense se ven expuestos a ser detenidos, deportados, y perder sus objetos de valor. De acuerdo a entrevistas realizadas por la Universidad de Arizona a 1.110 deportados mexicanos, más de un tercio de ellos regresó a casa sin alguna de sus pertenencias.
La ONG No Mas Muertes, brazo del ministerio de la Iglesia Unitaria Universalista de Tucson, Arizona, da cuenta de ello en su último informe, Despojo: Cómo el sistema de deportación roba a los inmigrantes su dinero y pertenencias, lanzado el pasado 10 de diciembre.
En el estudio se identifican las tres formas más usuales de despojo: la negligencia de las autoridades al devolver el dinero y pertenencias personales a los migrantes; la devolución de dinero en formas que son inutilizables en el extranjero (órdenes de dinero y cheques personales); y el robo del dinero por parte de la Patrulla Fronteriza o agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los datos de No más Muertes se basan en 1.646 casos del Estado fronterizo de Arizona: 1.481 atendidos entre 2011 y 2014 por un programa de la ONG que ayuda a los migrantes a recuperar sus pertenencias decomisadas por las autoridades estadounidenses; y 165 casos de trámites para recuperar dinero documentados por la organización entre 2013 y 2014.
Según registra la organización, la suma monetaria que llevaban consigo los 165 migrantes capturados alcanzaba $37.024,50, de la cual solo se pudo recuperar $12.850,98. En promedio, cada persona del grupo estudiado perdió $146,51 en la burocracia estatal (65% de su dinero).
Las sumas monetarias de las cuales las víctimas son despojadas rara vez superan los $100, que si bien no es una suma cuantiosa, puede representar el salario de una semana de un inmigrante ilegal, quien al ser deportado sin ese efectivo queda imposibilitado para movilizarse o buscar ayuda al llegar a su país de origen.
Los efectos no cuantificables
Para los investigadores, el despojo es una violación a los derechos humanos de las personas, y no solo afecta monetariamente a las víctimas, también les repercute moralmente, ya que gran parte de los objetos decomisados son anillos de matrimonio, documentos de identificación, ropa, celulares, fotos, entre otras posesiones de valor sentimental.
Los despojos y pérdidas de bienes se intensificaron desde 2005 cuando la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos estableció la Operación Streamline, consistente en la realización de juicios en masa de migrantes capturados en la frontera. Bajo este esquema, la mayoría de las personas son sentenciadas a 30 días de cárcel o a un promedio de 19 meses en los casos de reincidencia.
Al sentenciarlos, los migrantes cambian de lugar de encarcelamiento y sus pertenencias no van con ellos debido a la legislación estadounidense. Los objetos se quedan en la oficina de la Patrulla Fronteriza donde fueron capturados y son destruidos a los 30 días después de la detención.
Relatos del despojo
“Cuando me agarraron, la Patrulla Fronteriza tiró a la basura mi cadenita y mi cinturón, gritando ‘esto va a la basura’. Después echaron mi teléfono celular y acta de nacimiento en una bolsa de plástico y dijeron que me los guardarían. Cuando fui deportada pregunté por mis pertenencias en el ICE pero me dijeron que ellos no tenían nada, les enseñé el recibo de guardado y dijeron que eso lo tenía la Patrulla Fronteriza y que ellos no podían hacer nada», relató una de las víctimas oriunda de Tijuana, México.
Los investigadores concluyen que como parte del respeto a los derechos humanos de los migrantes sus pertenencias indispensables (medicinas y números de teléfono de emergencias) tienen que estar en todo momento con las personas.
Las pertenencias, aunque sean de pequeño valor, deben ser devueltas a sus dueños al momento de su deportación. Los investigadores de No más Muertes también consideran necesario que los objetos no sean destruidos en el período de 30 días, sino tiempo después del período de encarcelamiento.
Las 1.900.000 personas que han sido deportadas desde 2008 —año en que Barack Obama asumió la presidencia—, han estado expuestas a estos abusos.
Con la contribución de Elisa Vásquez y Adam Dubove
