EnglishCerca 50.000 docentes del sector público chileno alcanzan al menos 10 días en huelga en exigencia de la inclusión de una serie beneficios laborales en la Reforma Educacional que lidera la presidente Michelle Bachelet desde que inició su actual período electoral.
Jaime Gajardo, presidente del CP, había alcanzado un acuerdo previo con las autoridades, pero este fue rechazado por las bases del gremio que reclamaban no haber sido consultadas. Las molestias internas conllevaron al dirigente a reunirse este jueves con el Ministerio de Educación (Mineduc) para exigirle un nuevo pliego de solicitudes
Tras la reunión, el Colegio de Profesores de Chile (CP) anunció un acuerdo previo a favor de dos de las cinco peticiones del gremio. Estas deberán ser ratificadas por las bases del CP, en consultas que se llevarán a cabo el lunes de la próxima semana. Dependiendo de los resultados de las pláticas internas, los profesores levantarán o no su huelga.
Un grupo de profesores llamados “los disidentes” ha exigido la renuncia del presidente por supuestos errores cometidos en la primera negociación con el Gobierno.
Durante las protestas efectuadas este jueves en Santiago grupos de manifestantes vitoreaban “Gajardo entiende, el profe no se vende”, en las afueras del Mineduc.
Jorge Gómez Arismendi, investigador de la Fundación para el Progreso, considera que es muy probable que el Gobierno tome en cuenta las peticiones del gremio de profesores. “La presión y las críticas del profesorado a Gajardo se traducen en presiones y críticas al Gobierno de la Nueva Mayoría (NM). No les conviene que los profesores manifiesten rechazo a su gestión, por tanto es probable que intenten llegar a un acuerdo” expresó a PanAm Post.
Peticiones divididas
Son cinco las peticiones que el CP le exige al Mineduc y solo en dos de ellas se ha llegado a un acuerdo previo.
El primer punto acordado que se someterá a consulta de las bases es la titularidad de los profesores a contrata —docentes auxiliares. El Gobierno propone convertir en profesor titular a aquellos que hayan impartido un mínimo de 20 horas de clase a la semana por los últimos tres años continuos o cuatro discontinuos hasta el 31 de julio del 2014.
El segundo de los puntos es la propuesta de un bono de incentivo de retiro voluntario, al cual podrán aspirar aproximadamente un 13% de los profesores.
Las peticiones que aún no llegan a un acuerdo son el Ingreso Mínimo Docente, y el Agobio Laboral Docente, como denominan a un conjunto de solicitudes relativas a la autonomía profesional de los maestros y la regulación de su ejercicio y días libres.
El último punto es lo que el gremio llama Deuda Histórica. Esta se originó en 1980 cuando el manejo de las escuelas públicas pasó del Estado central a cada una de las municipalidades. Al suceder esto, a muchos profesores no se les reconoció un reajuste salarial efectuado previo al traslado, el cual les afectó negativamente la pensión de jubilación. Los docentes exigen al Gobierno el pago de esa deuda, pero el Gobierno propone el establecimiento de una mesa técnica para abordar el tema.
Tensión para aprobar la Reforma Educacional
La aprobación de la Reforma Educacional —cuyos puntos centrales buscan eliminar la selectividad, los colegios subvencionados y el lucro— provoca tensiones entre los partidos que conforman la alianza oficialista NM: la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Comunista (PC).
La Moneda, la casa presidencial de Chile, intentó el lunes 17 de noviembre acelerar la fecha de votación de la reforma en el Congreso para el próximo 27 de noviembre, lo cual provocó disgusto en la DC. El Gobierno cedió a las presiones de este partido y ayer anunció el cambio de la fecha para el 31 de enero del 2015.
Andrés Allamand, senador de oposición por Renovación Nacional, expresó que cada vez que se analiza el proyecto se abre un foso en la NM. “Si la forma del Gobierno de resolver ese problema insoluble es precisamente con el acelerador a fondo, es una pésima manera de hacerlo”, expresó el senador.
Los padres siempre van a optar por mejorar la educación de sus hijos sin importarles el carácter de la propiedad de los establecimientos y sin escatimar recursos.
Para Gómez Arismendi, la Reforma Educacional está mal enfocada. Según el académico, el Gobierno olvidó que la educación particular subvencionada —que ha sido el foco de las críticas— se ha desarrollado en cierta medida por las deficiencias del sistema público.
“Los padres siempre van a optar por mejorar la educación para sus hijos sin importarles el carácter de la propiedad de los establecimientos y sin escatimar recursos. Eso es lo que han hecho en todos estos años en diversas formas. Es probable que si la educación municipal o estatal fuera de buena calidad, los padres optarían por ella”.
“El foco de la Reforma Educacional debería estar centrado en la educación pública estatal, es decir las escuelas municipales, y la educación inicial, que es donde se inician las brechas cognitivas que luego inciden en el desarrollo educativo de las personas”, sentenció el investigador.
Así mismo, padres de familia se manifestaron en contra de la reforma a finales de octubre bajo al alegato de que esta coarta su libertad de escoger la educación de sus hijos.
La religión entra en disputa
La Conferencia Episcopal de Chile publicó el 18 de noviembre un texto denominado “Una reforma educacional por el bien de Chile” en la que expone la posición de la Iglesia Católica ante el tema.
“Nuestra motivación es el bien de #Chile”, dicen obispos ante reforma educacional http://t.co/YCwKwpADG3 pic.twitter.com/RVlI3NapBO
— ACI Prensa (@aciprensa) November 21, 2014
En el comunicado de prensa que emitieron expresan que “los padres, madres y apoderados, en cuanto primeros y principales educadores de sus hijos, están asumiendo el rol que les cabe en los procesos educativos, defendiendo sus derechos y su libertad de elegir la educación que desean para sus hijos. Así lo han hecho saber con mucha fuerza y claridad al país”.
Según la Sociedad Atea de Chile, al menos 700 colegios subvencionados que cambiarán a públicos o a privados, debido a la reforma, son católicos.
En ese sentido, la Sociedad Atea propusó el 19 de noviembre eliminar las clases de religión en colegios públicos y sustituirlas por cursos de Historia de las Religiones. Para ello solicitan que se derogue el decreto que regula la instrucción religiosa en los establecimientos educativos. “Por los 700 colegios católicos [subvencionados] la iglesia recibe US$61 millones mensuales. Estos recintos educacionales deben respetar al Estado Laico”, dijo Ramón Badillo, secretario general de la Sociedad Atea a PanAm Post.
“De esta forma se asegura que los niños y jóvenes puedan conocer no sólo la religión que sus colegios imparten sino también toda la diversidad y el pluralismo de religiones que existen en Chile y en el mundo”, expresó la Sociedad Atea en un comunicado de prensa.
La organización busca revertir, independientemente de la Reforma Educacional, el decreto Supremo 924 del 12 de septiembre de 1983 que regula la instrucción religiosa en los colegios públicos chilenos, y establece que “las clases de religión deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país”.
Editado por Elisa Vásquez