EnglishEl presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció el pasado sábado un conjunto de reformas al Código de Trabajo cuyos ejes son la profundización del derecho a la estabilidad, la búsqueda de la equidad, la modernización del sistema salarial, la democratización de la representatividad sindical y la universalización de la Seguridad Social.
“Se trata de la dignificación del ser humano y de su trabajo, por encima del capital y del mercado”, explicó el mandatario.
Las reformas fueron anunciadas durante una manifestación pública oficialista en Guayaquil, en el suroeste del país. Durante el acto se presentó por primera vez la Central Única de Trabajadores (CUT), un gremio creado a instancias del oficialismo que congrega a empleados públicos y privados.
Gracias país! Qué maravillosa demostración de civismo, apoyo y convicción por nuestra Revolución.
Un abrazo interminable.— Rafael Correa (@MashiRafael) November 15, 2014
La presentación de Correa frente a los manifestantes sustituyó al programa radial y televisivo sabatino del presidente. En su discurso, el mandatario hizo un repaso de las modificaciones laborales que ha liderado durante su mandato, entre ellas la eliminación de la subcontratación, y de los de despidos sin indemnización de los empleados con contratos de plazo fijo de más de dos años. Así mismo, mencionó el pago de un año de sueldo a personas despedidas por motivos raciales, de orientación sexual, vejez, o discapacidad.
“Las demandas de los trabajadores han sido atendidas como nunca antes, porque somos el Gobierno de los trabajadores”, expresó Correa al referirse a las modifaciones laborales de su mandato.
Cinco ejes principales
Rafael Correa entregó los cinco ejes de propuestas de reformas a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.
Conoce el proyecto de reformas laborales y de seguridad social: http://t.co/WFK3cs6OUe
— Gabriela Rivadeneira (@GabrielaEsPais) November 16, 2014
El primero de ellos es la profundización del derecho a la estabilidad laboral. Con ello, se eliminarían los contratos laborales en los que el trabajador puede ser despedido sin pago de una indemnización, y aquellos contratos que pueden ser sustituidos por cargos fijos a tiempo determinado (se les conoce como a plazo fijo). También prohibiría el despido de mujeres embarazadas y dirigentes sindicales.
Para Correa, se debe buscar una equidad salarial entre los dueños de las empresas y los trabajadores. Por ello, el segundo eje propone establecer límites entre las brechas salariales de los empleados: El alto mando de una empresa no podrá ganar más de 20 veces lo que gana el obrero menos calificado de la organización. Si el valor de un sueldo supera lo establecido, el excedente tendrá que ser entregado al Estado en forma de prestaciones de seguridad social, y el retraso en el mismo acarrearía multas.
Como tercer eje se encuentra la modernización del sistema salarial. Para ello, el Gobierno abrirá la posibilidad de que, a pedido del trabajador, se distribuyan en los 12 meses del año los bonos que suelen darse en diciembre (décimo tercero y cuarto salario, o aguinaldos), tanto en el sector público como en el privado.
Correa propone además la “democratización” de las empresas, al establecer que el comité de empresa (o directiva) tendrá que escogerse mediante votaciones universales libres y secretas de todos los miembros de la organización, no siendo obligatorio para esto la afiliación a un sindicato.
El último eje comprende la universalización de la cobertura de la seguridad social. Su objetivo es beneficiar a 1,5 millones de trabajadoras del hogar, y que el Estado les garantice el acceso a esta prestación. El Gobierno pagaría el 90% del costo de la cotización de salud y en función de la situación socioeconómica de cada ama de casa la familia completará el 10% del costo.
Con esta afiliación las madres podrán obtener una jubilación del 90% de su salario de cotización, pensiones por incapacidad o muerte, pensiones de orfandad y viudez para los beneficiarios.
El sector productivo queda perplejo
Desde el sector privado, resaltaron que las nuevas medidas impactarían en la generación de empleos y reducirían los estímulos salariales.
Luis Poveda, representante de los Trabajadores en el Consejo Nacional de Salarios, señaló para el diario local El Comercio que la eliminación de la figura de contrato a plazo fijo perjudicará el acceso de los jóvenes a puestos de trabajo en los cuales, por lo general, se les educa y se les pone a prueba por un tiempo. “Se perjudicaría a la juventud que aspira a un empleo productivo”, dijo al diario.
Richard Martínez, presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, coincidió con Poveda en que la eliminación del contrato a plazo fijo perjudicará a los segmentos más jóvenes de la sociedad que prueban en pocos años con varios tipos de trabajos. En declaraciones a Ecuavisa, indicó además que el tope a la brecha salarial desincentivará a los ecuatorianos que están especializando sus estudios en el extranjero, ya que al controlar el aumento progresivos de los mismos, no habrán estímulos salariales para la clase profesional.
Reelección sobre la mesa
Durante la presentación de las reformas al Código de Trabajo, Rafael Correa volvió a mencionar las enmiendas constitucionales que la Asamblea Legislativa de Ecuador está tramitando, con énfasis a la reelección indefinida. De aprobarse esta reforma, Correa podría optar a competir a la presidencia de Ecuador por cuarta vez.
Correa denomina como una “revolución ciudadana” el cambio que él dirige, por lo que aunque en el pasado se había expresado en contra de la reelección indefinida, asumirá el reto que la historia le imponga. “Nunca quise la enmienda para la reelección, pero debemos ser conscientes del momento histórico que vivimos”, expresó el mandatario.
El pasado 31 de octubre la Corte Constitucional de Ecuador dictaminó que la posibilidad de reelección indefinida y consecutiva de cargos elegidos por voto popular fuera discutida y decidida por la Asamblea Nacional de Ecuador, de actual mayoría oficialista, al contrario de lo que la oposición proponía, que la enmienda fuera decidida por consulta popular.
Editado por Elisa Vásquez