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El regalo navideño del presidente boliviano Evo Morales para sus compatriotas consiste en un amplio despliegue policial que abarcará agentes de civil y rigurosos controles policiales de tránsito.
El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, anunció este domingo con total tranquilidad que espiará con 35.000 policías a una parte de los 10,5 millones de bolivianos, el equivalente a 1 policía por cada 285 personas.
«La institución verde olivo está al servicio de toda la sociedad, es un mandato constitucional”, comienza diciendo Pérez para explicar de que se trata el Plan Chachapuma Navidad Segura. “Están haciendo todos los esfuerzos porque los índices delictivos que se presentan a fin de año puedan ser frenados y reducidos”.
Para eso, el ministro Pérez ordenó a la Policía boliviana infiltrarse no solo en las principales ciudades “sino en poblaciones intermedias y fronterizas, carreteras” pero subraya que “principalmente” trabajará en centros de abastecimiento, hasta el 6 de enero.
De forma obediente, las policías locales de cada departamento del país informaban mediante la Agencia Boliviana de Noticias el despliegue de los oficiales. En Cochabamba, habrá un efectivo cada 344 personas, 1.500 policías fueron desplegados en tareas de detectar precrímenes. En Chiquisaca, la cantidad será menor: 250 policías tendrán la tarea de vigilar a 550.000 personas.
«La autoridad añadió que en ese operativo también participarán agentes encubiertos y grupos de élite, como el Grupo Delta, que se desplazarán a los centros comerciales y lugares de gran concentración de persona”, señala la agencia de noticias oficial de las tierras de Evo Morales.
El director del Organismo Operativo de Tránsito del Departamento de Oruro explicó que intensificarán «el trabajo preventivo en las carreteras para evitar los accidentes de tránsito», dijo a los periodistas.
Creciente vigilancia
En la búsqueda de lograr garantizar la seguridad, una de las funciones básicas que suele atribuirse al Estado, el Gobierno boliviano está cayendo en la formación de un Estado policial, donde la privacidad se ve afectada por el constante control.
En octubre, el Gobierno boliviano anunció la instalación de 1.500 cámaras de vigilancia, siguiendo una tendencia que se expande en varios lugares del mundo. La inversión de US$35 millones será financiada con un crédito de China, país experto en el control de la sociedad civil.
Sin embargo, el aspecto más escalofriante del despliegue policial en Bolivia son los controles de tránsito, especialmente para los motociclistas. Así explicó Pérez su procedimiento:
«Por lo que se pide a la población paciencia porque toda moto que vaya acompañada con varón será detenida para pedirles que se saquen el casco, que muestren su identificación, se les revisará sus mochilas, los asientos porque se encontró que debajo de los asientos esconden armas, y no es que todo el que maneja moto tenga que ver con la delincuencia por ello se les pide disculpas, lo mismo se harán con los vehículos».
Si el Gobierno se considera con el poder de requisar a todos los vehículos conducidos por o que transporten a una persona de sexo masculino, está prejuzgando que los hombres que conducen motos son todos presuntos criminales, impidiendo su libre tránsito sin ninguna prueba o causa que indiquen que estén cometiendo un delito. El ministro no debería pedirle disculpas a los motociclistas —en primer lugar no debería estar persiguiéndolos.
Los controles que propone el Gobierno violan la Constitución de su país. Incluso después de la reforma constitucional llevaba a cabo bajo la presidencia de Morales, el artículo 116 aún continúa garantizando la presunción de inocencia. La situación se agrava si consideramos que la Policía Boliviana encabeza la lisa de organismos estatales por violaciones a derechos humanos. En 2013, ese cuerpo recibió 978 denuncias por abusos. Un número alarmante, que podría ser mayor si se considera la «cifra negra» en las estadísticas criminales.
Los límites al poder que establece la Carta Magna no parecen ser un impedimento para Evo Morales. En nombre de la seguridad, se incrementa la presencia del Estado policial en tierras donde la persecución política ya es algo habitual.
Editado por Daniel Duarte
