La implementación de la ley aprobada por el Congreso uruguayo que legaliza la producción y comercialización de la marihuana ya está en marcha. Aunque dicha normativa, aprobada en diciembre de 2013, no estará en plena vigencia hasta comienzos del año próximo, los registros para convertirse en productor a nivel industrial o personal ya fueron habilitados.
Sin dudas, Uruguay se sitúa a la vanguardia de América Latina al ser el primer país que adopta una política pública que busca terminar con la clandestinidad del mercado de drogas. Sin embargo, las estrictas regulaciones y un engorroso sistema burocrático podría conspirar contra el éxito de la iniciativa.
Emprendedores en un nuevo mercado
Fueron 22 empresas las que se registraron en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), el organismo responsable de supervisar la implementación de la ley.
La inscripción es tan solo un primer paso. Entre las 10 empresas de capital uruguayo, las ocho de capital extranjero, y las cuatro de integración mixta, solamente cinco serán seleccionadas para abastecer a farmacias, una de las vías a través de la cual los uruguayos podrán adquirir marihuana.

Al final del proceso de selección, estas cinco empresas tendrán la tarea de producir entre una y dos toneladas anuales para satisfacer la oferta legal de marihuana.
“Sabemos que es de producción continua. Sabemos que se debe producir entre una y dos toneladas. Y sabemos que el precio se fija como variable crítica y es un precio para competir con el mercado ilegal, que representa el 80% del mercado ilegal de drogas”, dijo Augusto Vitale, vocero del Ircca.
De acuerdo al cronograma establecido por el Gobierno, las primeras ventas de marihuana legal se producirán en el 2015. El proceso de adjudicación de licencias se prevé finalizar en no menos de 45 días, lo que implica que las primeras cosechas estarán disponibles recién en los primeros meses del año próximo.
A diferencia del modelo implementado en los Estados de Colorado y Washington, en EE.UU., el precio del cannabis en Uruguay estará fijado por el Gobierno, apeligrando el éxito de la legalización. Las empresas que han manifestado la voluntad de ingresar en el negocio de la marihuana legal aún no saben a qué precio podrán vender el producto, ya que los pliegos recién serán definidos dentro de los próximos 40 días.
La producción estará destinada a la venta en farmacias, donde uruguayos o residentes legales permanentes del país podrán adquirir hasta 40 gramos de la sustancia por mes.
Los eternos problemas de los dirigistas latinoamericanos
El solo hecho de que la producción de marihuana esté en manos de empresas constituidas legalmente y lejos de la órbita del crimen organizado es una buena noticia.
Pero la iniciativa uruguaya podría estar condenada al fracaso. El modelo uruguayo establece una estricta regulación: no solo se limita la oferta con licencias de producción —si bien en Colorado y Washington también son necesarias— sino que además pretende fijar un “precio competitivo”.
Sin embargo, la idea de que el Estado pueda fijar un precio competitivo es una contradicción. Los precios de los bienes no se fijan centralizadamente, se determinan a través del proceso de mercado. El periodista económico estadounidense Henry Hazlitt lo explicó acertadamente:
Debido al deseo y la necesidad y las existencias y su coste, todo bien individual o servicio constantemente cambia, y cambian los precios y las relaciones de los precios. Cambian al año, al mes, a la semana, cada día, cada hora. La gente que cree que los precios normalmente se detienen en algún punto fijo, o que pueden ser fácilmente detenidos en algún nivel “correcto”, podrían pasar una hora provechosa mirando la impresora telegráfica del mercado bursátil o leyendo el informe diario de los periódicos acerca de lo que pasó el día anterior en el mercado de cambios, en los mercados del café, cacao, azúcar, trigo, maíz, arroz y huevos, el algodón, las pieles, la lana, el caucho, el cobre, la plata, el plomo y el zinc. Así verá que ninguno de esos precios está quieto nunca.
Por eso es que los constantes intentos de los Gobiernos de bajar, subir o congelar un precio particular o dejar la relación entre precios y salarios en el punto donde estaba un determinado día (“sostener”) están destinados a ser disruptivos, cuando no fútiles.
Ya sea en el mercado de la marihuana, los tomates o las zapatillas, un modelo en el que precio sea fijado desde el Gobierno no puede sostenerse.
Los productores particulares
Por otro lado, 54 personas físicas se registraron hasta el momento obtener la autorización de cultivo doméstico. La regulación establece un máximo de seis plantas por cada vivienda, y una producción anual de hasta 480 gramos.
La necesidad de registrarse —un requisito que no es necesario, por ejemplo, en Colorado— es un resabio de la cultura paternalista que domina la política latinoamericana. El presidente José Mujica afirmó el último miércoles que la nueva legislación permite “identificar a los consumidores que se están pasando de la raya”.
La creación de un registro de cultivadores y consumidores de marihuana — estos últimos también deben registrarse — constituye un avance sobre la privacidad. Y es comprensible. Desde el Estado desconocen los conceptos de responsabilidad individual y el hecho de asumir las consecuencias por sus propias acciones.
El psiquiatra estadounidense Thomas Szasz describió en su libro “Nuestro Derecho a las Drogas“ esta situación de forma precisa: “Al reemplazar los esfuerzos personales dirigidos al autocontrol por leyes impersonales que coaccionan a otros, las leyes suntuarias que prohíben placeres privados crean un mecanismo que convierte a las virtudes privadas en vicios públicos”.
Es probable que esta actitud de las autoridades uruguayas esté más relacionada con la falta de autocontrol en la que caen los Gobiernos a la hora de administrar el dinero de los demás, que con un peligro real.
Solo resta esperar, y observar si esta puerta entreabierta que deja pasar aires de libertad tendrá éxito o estará destinado al fracaso, como habitualmente sucede cuando el Gobierno aspira a mantener un control total.