English Version
EnglishUn programa de vigilancia masiva a la vista de todo el mundo debería tener una baja expectativa de vida y ser rechazado enérgicamente por la opinión pública, al menos en un país que alardea de ser respetuoso de las libertades civiles. Sin embargo, la vida diaria de los argentinos se encuentra bajo el escrutinio de diferentes agencias gubernamentales que, sin ninguna reserva, admiten la necesidad de saber todo acerca de ellos. Las autoridades se vanaglorian a viva voz de sus capacidades de vigilancia, mientras gran parte de la sociedad observa con indiferencia como su privacidad es violada a diario.
La columna vertebral del sistema está localizada en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo recaudador de impuestos. A través de un conjunto de regulaciones que crece cada día, la AFIP obtiene una radiografía de la vida de los argentinos. En un comunicado de prensa publicado en agosto de 2012, la agencia recaudadora admitió su estrategia: “[L]os tres pilares en los que se apoya la nueva estrategia de fiscalización de la AFIP: La utilización al máximo de la tecnología disponible, la explotación centralizada de la información y los controles tanto ‘ex-ante’ como en línea de las operaciones”.
Como si el aumento de la recaudación fiscal y el combate contra la evasión impositiva le otorgara un cheque en blanco, sólo limitado por la “tecnología disponible”. La información que maneja la agencia recaudadora de impuestos podría ser la envidia de cualquier organismo de inteligencia. En un artículo que escribí a principios de año, señalé algunas de las intromisiones de la AFIP: “Las empresas de medicina prepaga deben informarle al organismo sobre sus asociados, los colegios privados sobre los padres de sus alumnos, las tarjetas de crédito sobre los consumos de sus clientes, locatarios y locadores sobre sus alquileres, los countries sobre sus residentes, los administradores de edificios sobre sus consorcios… la AFIP requiere que las líneas aéreas informen las listas de pasajeros, que los pasajeros informen su CUIT o CUIL como condición para adquirir pasajes, y que las agencias de turismo informen acerca de la venta de paquetes de viajes al exterior”.
La AFIP considera las garantías constitucionales como una mera sugerencia. Los argentinos nos encontramos bajo un escrutinio constante, como quedó en evidencia cuando el organismo recaudador decidió sancionar a los contribuyentes que viajaron a Las Vegas a presenciar la pelea entre Marcos Maidana y Floyd Mayweather, y como planea hacerlo con aquéllos que viajen a la Copa del Mundo en Brasil. El espíritu que guía a la agencia es la más burda versión del “todos son culpables hasta que demuestren lo contrario”.
No es casualidad que Julian Assange, fundador de Wikileaks, sentenciara que “Argentina tiene el sistema de vigilancia más agresivo de América Latina”. Assange se refería a otro de los aspectos medulares de esta pesadilla orwelliana: El Sistema Federal de Información Biométrica para la Seguridad, también conocido como SIBIOS.
Anunciado en 2011 por la presidenta Cristina Kirchner, el lanzamiento de la base de datos biométricos pasó casi inadvertido en los medios locales. El objetivo es que en el año 2015 todos los argentinos estén incluidos dentro del SIBIOS. Para ello, el gobierno decretó que todas las identificaciones federales caducarán el último día de este año y únicamente se mantendrá vigente el nuevo Documento Nacional de Identidad, cuya tramitación requiere la toma de datos biométricos.
Los argentinos no son el único objetivo: Los turistas no están exentos de la vigilancia. Por este motivo, Richard Stallman, uno de los más reconocidos promotores de software libre del mundo, decidió no venir más a la Argentina: “Hay injusticias que debemos resistir aunque cueste. No doy mis huellas dactilares; sólo pueden sacarlas a la fuerza. Si un país me las exige, no voy”. Fiel a la idiosincrasia local, hasta hace algunos meses los viajeros eran bienvenidos en el sector de migraciones del principal aeropuerto del país con un didáctico vídeo que —con orgullo— destacaba la recolección de datos biométricos:
El sistema de datos biométricos registra las huellas dactilares y los rasgos faciales en una base de datos centralizada a la que tienen libre acceso las distintas fuerzas de seguridad, y cuya regulación es, hasta el momento, inexistente. En este sentido, la Ley de Protección de Datos Personales sancionada hace casi 15 años es insuficiente.
La ambición por recolectar información no se detiene allí. Incluso para poder acceder a la tarjeta SUBE, un boleto electrónico que permite la utilización del transporte público a tarifas subsidiadas, es necesario brindar información personal, asociando cada tarjeta a una persona. De esta manera, el gobierno podría hacer un seguimiento de los movimientos cotidianos de las personas. Si bien utilizar el boleto electrónico no es obligatorio, la privacidad tiene su precio: Usar el transporte público sin la tarjeta SUBE implica pagar una tarifa más alta, sin los subsidios a los que acceden los que utilizan la tarjeta proveída por el Estado.
Mientras ninguna de estas herramientas que afectan la privacidad son secretas, la existencia de programas clandestinos es una certeza. Esto es así sobre todo a partir de las revelaciones del “Proyecto X”, un programa de la Gendarmería Nacional, la fuerza de seguridad militarizada, que recolectaba —y probablemente lo siga haciendo— información acerca de activistas y delegados sindicales.
Pero todos los indicios apuntan a que es desde las fuerzas armadas donde se despliegan la mayoría de las actividades de espionaje interno. En seis años, el presupuesto del departamento de Inteligencia Militar del Ejército argentino se incrementó en un 384%, y el año pasado, César Milani, que se encontraba al mando de ese departamento, fue ascendido —entre polémicas por su participación en la dictadura militar— a jefe del ejército. Además, aparecieron nuevas señales de alarma con la solicitud que realizó un grupo de 40 académicos y especialistas en seguridad argentinos ante el Consejo Sudamericano de Defensa en relación con el uso de drones —vehículos aéreos no tripulados— que estaría desarrollando el ejército argentino.
No sé si es más preocupante el sistema de vigilancia establecido o la indiferencia generalizada ante este tema. La única certeza es que durante la administración de Cristina Kirchner las tareas de vigilancia aumentaron de manera constante, que los argentinos estamos más vigilados, y que las preocupaciones ante la incertidumbre de cómo se utiliza la información recopilada están fundadas en la inexistencia de regulaciones que limiten estas prácticas.
Más preocupante todavía es que a medida que se acercan las elecciones presidenciales del año próximo, los sistemas de vigilancia y las intromisiones en la privacidad no son una prioridad para los candidatos. Ninguno de los presidenciables se ha manifestado sobre este tema y no hay señales de que lo harán. Sergio Massa, uno de los opositores ya lanzados en la carrera por la presidencia, presenta la utilización de drones y la instalación de cámaras de seguridad en la vía pública en el distrito en que fue alcalde como caballito de batalla en materia de seguridad. Y otro de los principales candidatos, Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires, también recurre a los sistemas de vigilancia en la vía pública como la principal herramienta en la lucha contra el crimen.
Los vientos de cambio no llegan, y a medida que los avances tecnológicos hagan más asequible al equipamiento de vigilancia, y la actitud de la la sociedad frente a su privacidad permanezca inmutable, estaremos condenados a mayor vigilancia.
Mientras tanto, sonríe: El gobierno te está observando.
