EnglishPara escapar de la crisis económica que lleva 8 años, los puertorriqueños están emigrando cada vez más a Estados Unidos.
En 2010 había unos 3.7 millones de Puertorriqueños viviendo en Estados Unidos. En dos años la cifra alcanzó a los 4.9 millones, lo que significa que existen más puertorriqueños viviendo fuera de la Isla que en su propio territorio.
Jorge Duany, Ph.D., director del Instituto de Investigación Cubano y profesor de antropología en la Universidad Internacional de Florida dijo que las personas que salen de la isla están generalmente muy educadas y son altamente calificada.
Este hecho no pasó desapercibido para el gobernador de Florida, Rick Scott, quien citó un informe del Censo de EE.UU. diciendo que el Estado lidera la nación con el número de migraciones de Puerto Rico.
Pero mientras que el éxodo puede beneficiar estados como Florida, están haciendo la vida más difícil a las personas que se quedan en la Isla.
Para empezar, dijo Duany, los migrantes no están enviando sus ganancias a la isla.
“En 2006 hicimos una encuesta tratando de medir el impacto de las remesas de los migrantes, y en ese momento, el resultado fue que apenas el 5% de los entrevistados en Puerto Rico, recibía algún tipo de remesa de sus parientes en Estados Unidos. Es contradictorio que la tasa de migración no corresponda con la de las remesas”, dijo el académico.
De hecho, Puerto Rico ni siquiera figura en el la lista del Banco Mundial sobre los países que reciben remesas de Estados Unidos.
Según el académico, a diferencia de India, China y México, los tres receptores de remesas que encabezan la lista, la ayuda del gobierno federal es mucho mayor.
“La ayuda federal se traduce en cupones de alimentos, préstamos estudiantiles, ayuda para tener una vivienda, seguro social, pensiones de veteranos. Estas transferencias federales han aumentado enormemente en los últimos años. Mientras que las remesas privadas se han mantenido estancadas”, aseguró Duany.
Sergio M. Marxuach Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía en Puerto Rico escribió sobre el informe CAFR (Comprehensive Annual Financial Report), que es preparado por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y auditado por una firma de auditores externo, que se dio a conocer el 16 de septiembre.
“Un análisis objetivo de este informe nos lleva a concluir que la base fiscal de nuestro sistema socioeconómico se ha erosionado y continúa erosionándose significativamente. El gobierno central y algunas corporaciones públicas se encuentran básicamente insolventes”.
Marxuach no estuvo disponible para comentarios hoy.
Según un reporte de Reuters, la fuga de profesionales ha profundizado más la crisis económica ya que los impuestos recaudados por las ventas, han caído un 31 por ciento en cinco años. La deuda pública de Puerto Rico equivale al 97 por ciento del PIB.
Esto, en efecto, ha ocasionado que os bonos municipales y el rating de la deuda también caigan, y prácticamente se incluyen en el rating de ‘junk-bond ratings’, -una categoría similar a la que enfrentaba Detroit antes de su bancarrota-, y “una posibilidad muy real”, según Duany.
Aunque el Gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla está impulsando una reforma del sistema de pensiones de los empleados públicos y está trabajando para fortalecer las corporaciones públicas.
Lo que aún no está claro es como la fuga de profesionales, altamente calificados afectará el proceso en un cambio de estatus en la Isla del encanto.
Hace casi un mes, el gobernador de Puerto Rico inauguró la oficina regional del Puerto Rico Federal Affairs Administration en Kissimmee, Fla, que había cerrado sus puertas en 2009, en un esfuerzo-según dijo- “para conservar, mantener y fortalecer los lazos” con los cerca de 900 mil puertorriqueños que viven en el estado de Florida”.
Pero las discrepancias entre el gobernador de la Isla y el comisionado residente de Puerto Rico en Washington DC, Pedro Pierluisi no ha cesado.
Ambos mantienen diferencia en cómo debe resolverse el estatus territorial de la Isla. Pierluisi, un defensor de la estatidad, ha demandado interpuesto una demanda en contra del gobernador por contratar a cabilderos para abogar en contra del resultado del plebiscito del 6 de noviembre. La demanda dicen, se debe que el gobernador, supuestamente utilizó fondos públicos para esa contratación.
El artículo original se encuentra en la página del Florida Watchdog en Español.