Aunque el Gobierno argentino insista con la frase de “la pandemia que azotó al mundo entero”, lo cierto es que existió una mala praxis doméstica que empeoró mucho las cosas. Si bien es cierto que cualquier análisis comparativo es contra fáctico, si miramos la caída económica y la cantidad de muertos con relación a otros países, llegamos a la conclusión inevitable de que el manejo político fue pésimo. La extensión de una cuarentena cavernícola y la demora en la llegada de las vacunas explican mucho el desastre. Y el capricho y preferencia de Alberto Fernández por la rusa Sputnik V y las vacunas chinas (boicoteando la entrada del resto de los laboratorios privados) explican mucho la demora del proceso de vacunación.
Esta mañana, el periodista Carlos Pagni hizo público un correo entre Cecilia Nicolini, negociadora del Gobierno de Alberto Fernández, y la contraparte rusa, a la que se le demanda la demora y el incumplimiento en el envío del componente 2 para la producción de las segundas dosis. Cabe recordar que los grupos de riesgo que recibieron la primera apenas llegó al país, paradójicamente fueron descuidados con la demora de la segunda inyección, que la mayoría recibió (y está recibiendo) con la primera “vencida”, según los plazos que el mismo laboratorio indica.
El documento confirma todo lo que era bastante evidente: la preferencia del Gobierno argentino por la vacuna rusa y los reclamos por el incumplimiento de Moscú. Pero también, el correo electrónico de Nicolini deja en evidencia algo terrorífico: que el decreto que habilitó recientemente la llegada de las otras vacunas, no solo pudo haberse generado mucho antes, sino que tuvo como razón el fracaso de la vacunación total con las opciones que ofrecía la preferencia geopolítica kirchnerista. Absolutamente indignante.
“Seguimos esperando una cantidad mínima del componente 2 para completar los tratamientos al menos de las personas con más de 90 días de intervalo mínimo. Fuimos muy proactivos para encontrar una solución a las dificultades que tenía con esto, pero ni siquiera pudimos tener el mínimo”, reclamaba en el correo la negociadora de Alberto Fernández a los rusos. Pero, en el marco de ese reclamo, Nicolini les reconocía la preferencia oficial por el producto de ellos:
“Respondimos siempre haciendo todo lo posible para que Sputnik V fuera un gran éxito, ¡pero nos estás dejando muy pocas opciones para seguir luchando por ustedes y por este proyecto!”, le dijo en inglés a Anatoly Braverman, contacto de Krill Dmitriev, CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa. La funcionaria argentina, que ya reconoció la autoría del correo, debería dar explicaciones urgentes. ¿Por qué el Estado argentino debía “luchar” por los proveedores de la Sputnik V?
En otro segmento del correo, Nicolini le dice a su interlocutor que el resto de los proveedores cumple en tiempo y forma con las entregas y hasta deja en evidencia un pedido de renegociación del contrato por parte de los rusos, donde parece negarse al pedido de habilitar a un “intermediario local”:
“Como puede comprender, no podemos cambiar nuestro contrato, y mucho menos tener un intermediario local en esto y pagar una recaudación de impuestos. Podría ser un gran problema político y de opinión pública para todos nosotros si cambiamos una carta de nuestro contrato original”, escribió la funcionaria argentina.
Un escándalo semejante, en cualquier país medianamente civilizado, como mínimo, sería garantía de un juicio político, con posible destitución del presidente. Pero estamos en Argentina y no sería nada raro que este escándalo, que se traduce en la pérdida de vidas humanas, pase casi inadvertido.