Dios los cría y el comunismo los junta. Con sólo unas horas en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en México, Nicolás Maduro y el presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, acordaron una repatriación “masiva” de venezolanos residenciados en suelo inca con una “alianza” que aunque aparenta un interés de carácter migratorio, sella el inicio de una relación de conveniencia política.
Ambos se necesitaban y ya se hallaron. Castillo cuenta ahora con Maduro para dar rienda a su tendencia xenófoba e impulsar el proceso de expulsión de los venezolanos –prometido en su primer discurso como mandatario– que requería de presupuesto para cubrir los traslados aéreos.
Maduro lo resolverá. “Nosotros le pondremos los aviones”, dijo el dictador venezolano en la televisión estatal. Entre los dos armarán el plan “Vuelve a la Patria” que estima el retorno de unos 42000 venezolanos desde Lima, lo cual mitigará la molestia de larga data de Castillo con los “delincuentes extranjeros”, a quienes incluso les dio 72 horas para abandonar el país. En Perú residen actualmente cerca de un millón de venezolanos.
#EnVideo📹| Pdte. @NicolasMaduro explicó que se acordó con el Presidente @PedroCastilloTe un Plan Vuelta a la Patria masivo, para los venezolanos que desean volver desde Perú.
"Vamos a buscar apoyo con ACNUR, nosotros ponemos los aviones", afirmó.
#EnDefensaPorLaPaz pic.twitter.com/5FXTf9Mw54— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 22, 2021
El compromiso es hondo. Sería el primer acuerdo entre ellos, que además incluirá la búsqueda de “apoyo” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) “y otros organismos internacionales para ese plan, porque esos venezolanos quieren volver”, asegura Nicolás Maduro.
Maduro, la manzana de la discordia
“La conversación no figura en la agenda oficial de Castillo”, revela El Comercio. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, confirmó que sí se produjo este encuentro con el fin de “solucionar la crisis migratoria”. La información la difundió a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en el que también expresó discrepancias con el canciller Óscar Maúrtua y el vicecanciller Luis Enrique Chávez sobre la legitimidad de Maduro. Los máximos representantes de la diplomacia peruana se niegan a reconocer a Nicolás Maduro como presidente, pero “si al canciller o su adjunto no les gusta, tienen las puertas abiertas”, les increpó públicamente Bellido.
Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el pdte. N. Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas
— Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) September 21, 2021
Así deja claro que la posición de la Cancillería “no es la postura del gobierno”, del “maestro” ni de su partido Perú Libre, que forma parte del Foro de Sao Paulo, cuyo objetivo es extender el socialismo en la región bajo las doctrinas fijadas hace dos décadas por Fidel Castro y Luis Inácio Lula da Silva.
Nuevos “camaradas”
Maduro y Castillo son los nuevos “camaradas” de la región. Es obvio y público, considerando que además Maduro vociferó su “interés” por “comprar algunos productos de la industria peruana, de la agricultura peruana” y “de reactivar el comercio”.
El régimen proyecta “comprar a Perú un conjunto de productos para la industria venezolana para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)”. Es una propuesta de negocios evidente con el programa que desde su fundación en 2016 es “sinónimo de corrupción y vulneración de los derechos humanos” a raíz de “la improvisación, falta de diseño, planificación y eficiente ejecución de contraloría y oportuna rendición de cuentas” que junto al proselitismo político que lo enmarca incentiva la discriminación. Así describe Transparencia Internacional a este programa del régimen.
Uno de los procesados por presuntamente malversar fondos públicos a través de los CLAP es Álex Saab, empresario colombiano detenido hace un año en Cabo Verde por formar parte de una trama de lavado de dinero que asciende a 350 millones de dólares con este programa como fachada. Si Castillo acepta, esta espiral de corrupción se extenderá.